Los ayuntamientos valencianos no quieren que la factura pendiente que con ellos arrastra la Generalitat -un moroso de lujo que lastra las cuentas locales- siga engordando a costa de convertirse también en financiadores de las obras del Plan Confianza. Por eso son varios los alcaldes y alcaldesas, empezando por la de Valencia, Rita Barberá, que se han negado a adelantar a los adjudicatarios de obras y distintos proyectos el dinero que la Generalitat aporta a ese programa de dinamización de la economía. El plan estrella del Consell de Camps para fomentar la inversión productiva, en respuesta al Plan Zapatero y en duro pulso para ganar la batalla de la opinión pública, prevé que los consistorios adjudiquen los proyectos, que se han de pagar con los 1.020 millones que la Generalitat pone a disposición.
Pero como no dice cuándo ni cómo pagará-el Plan Zapatero sí transfiere entre el 70% y el 85% de la obra a cada consistorio una vez adjudicada- y los ayuntamientos no se fían del Consell, los alcaldes se lavan las manos y se cubren legalmente las espaldas para que quien soporte la carga de la deuda sean los adjudicatarios. Y para que estos tengan claro que a quien han de ir a reclamar es a la Generalitat y para que la concesión del alcalde al constructor local no acabe convirtiéndose en un pasivo en términos de rentabilidad electoral. Fuentes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias admitieron que los pequeños municipios están blindándose en las bases para adjudicar los proyectos.
No sólo los pequeños, ni los de la izquierda. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha acreditado su total desconfianza en el Consell, hasta el punto de que en los pliegos de condiciones de las 26 obras que ya han sido adjudicadas o han salido a concurso se obliga (cláusula 24) al contratista a emitir la factura a nombre de la Generalitat y remitirla al Consell para su posterior cobro.
Aprobar la factura y nada más
Los servicios municipales aprobarán, eso sí, la factura "expedida por el contratista", pero "sin que en ningún caso dicha aprobación lleve implícito el reconocimiento de la obligación". De hecho, será remitida a la Generalitat "para que se proceda por los órganos correspondientes al reconocimiento de la obligación y pago de la misma". En esa cláusula 24 se establece que el dinero será abonado "dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las facturas", un plazo con el que se pretende apremiar al Consell para que no se eternice la deuda.
El ayuntamiento se cura en salud hasta el punto de reitera hasta seis veces que no tiene "obligación" de pagar las facturas. Y para evitar la más mínima duda extiende la "expresa exclusión de la responsabilidad del Ayuntamiento en la obligación de su abono" también a los "intereses de demora, indemnización por costes de cobro o perjuicios ocasionados al contratista como consecuencia del incumplimiento" de los plazos por parte de la Generalitat. "El contratista no podrá reclamar al Ayuntamiento el abono de ninguno de estos conceptos", remacha el pliego de condiciones. Barberá ha adjudicado 11 de las 75 obras que le aprobó la Generalitat en el marco del Plan Confianza. Otras 14 se están licitando.
El PP empapela con propaganda del Plan Confianza la Fórmula 1
El Gran Premio de Europa de Fórmula 1 es en si mismo un contenido de propaganda de la gestión del Consell. Pero, además, puede ser contenedor de propaganda de otras acciones del Gobierno de Francisco Camps, como el Plan Confianza. La diputada socialista Cristina Moreno denunció ayer que las taquillas del circuito estaban forradas de carteles con el lema "Plan Confianza. 2.500 millones de euros. L'esforç de tots, la força de la nostra Comunitat". Los carteles todavía permanecían ayer pegados a los cristales de las taquillas. Moreno presentó varias preguntas al Consell para que le aclaren los que considera una "intolerable utilización de la Fórmula 1 para la burda propaganda". "Por lo que parece, no es suficiente con proyectarla a través de Canal 9", declaró a este diario. La portavoz adjunta del grupo socialista pregunta el motivo de empapelar las taquillas y si existe "algún contrato o convenio firmado, confidencial o no, con la empresa Valmor Sport para la difusión y propaganda de las actuaciones de la Generalitat".
Asimismo, la parlamentaria del PSPV pretende averiguar si el Consell "tiene intención de pagar las obras de montaje y desmontaje de las instalaciones para la celebración de este evento con cargo a la dotación económica del mencionado Plan Confianza", que, sobre el papel, está pensado para financiar obras y proyectos adjudicados por los ayuntamientos valencianos. Bien de obra nueva o nuevas fases de obras ya en marcha, cuestión esta última que no tenía cabida en el Plan E con el que el Gobierno de Zapatero ha querido impulsar la creación de empleo en la Comunitat Valenciana.
