El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, por los votos a favor del PP y del PSPV-PSOE y la oposición de Compromís y de EU, la ley de Ordenación y gestión de la función pública valenciana, que afectará a unos 190.000 empleados públicos y supondrá un cambio en su estructura.
El PP ha asegurado que es una ley consensuada y novedosa, mientras que el PSPV, que ha recibido los reproches de Compromís y EU por apoyarla, ha resaltado que es una ley buena en general, aunque no comparten la no inclusión del requisito lingüístico ni los artículos sobre la libre designación, a los que se han opuesto.
Compromís y EU han considerado que se ha perdido una oportunidad para evitar el "clientelismo" en el sistema de acceso, y para avanzar en la normalización del valenciano, ya que no se ha incluido el requisito lingüístico para acceder a la función pública.
Al respecto, el PP ha destacado que uno de los artículos recoge que, quienes superen las pruebas selectivas, acreditarán su conocimiento de valenciano, y quien no pueda hacerlo deberá hacer cursos de perfeccionamiento organizados por la Generalitat, y ha anunciado que el Consell hará un Plan de impulso del valenciano en la Administración.
La ley, que sustituye la regulación aprobada hace 25 años, tiene entre sus principales novedades la estructuración del personal al servicio de la Administración de la Generalitat en cuerpos, agrupaciones profesionales funcionariales y sus correspondientes escalas, con el fin de dotarle de mayor profesionalidad y especialización.
Además, introduce un nuevo sistema retributivo basado en el rendimiento, a través del complemento de carrera y el de actividad profesional, que dependerá de la evaluación del desempeño, al tiempo que regula un código ético de los empleados públicos.
La norma crea el Consejo asesor de función pública, formado por expertos en la materia, en el que gracias a una enmienda aprobada hoy habrá también un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, dos de las Universidades públicos y dos de las organizaciones sindicales, y el Consejo Interdepartamental de Retribuciones.
Asimismo, incluye entre el personal eventual a los conductores de los miembros del Consell, y contempla la figura del personal directivo público profesional, cuyo nombramiento será autorizado por el Consell por un periodo máximo de dos años.
La diputada del PP Asunción Quinzá ha defendido que se ha intentado recoger todas las sensibilidades en una ley que nace "con vocación de servicio" a la sociedad, y sobre el requisito lingüístico ha dicho que "imponer" el valenciano provocaría "confrontación" social y "rechazo" a la lengua que se pretende fomentar.
El socialista Joan Ignasi Pla ha destacado que la ley es un avance y está avalada por todas las organizaciones sindicales menos una, y ha mantenido que ha primado "el interés general" al apoyar el texto, ya que no podían tirar "todo por la borda" por dos aspectos que no les gustan y que cambiarán cuando gobiernen.
El diputado de Compromís Josep Maria Pañella ha lamentado que se haya renunciado al requisito lingüístico en un momento de política "regresiva" del Consell hacia el valenciano y que se abra la puerta a que el Gobierno pueda incluir a "quien quiera" dentro de la función pública.
Marga Sanz (EU) ha lamentado el "rodillo bipartidista" a sus enmiendas, con las que buscaban una función pública "más profesional" y un avance en la normalización del uso del valenciano.
