Tras cuatro años y medio de ausencia, el Defensor del Pueblo valenciano, en la persona de José Cholbi, volvió ayer a pisar la comisión de Peticiones de las Corts para informar de la memoria anual de una institución cuyo control político se han disputado sin miramiento PP y PSPV. La última vez que un Síndic compareció en comisión fue el 29 de noviembre de 2005, cuando Bernardo del Rosal explicó el informe de 2004. El 4 de abril de 2006 entregó en mano la memoria del ejercicio anterior, que ya no presentó nadie. Ni esa ni la de 2006, 2007 y 2008. Con ese lastre a cuestas y la reciente resolución en la que avaló la censura de fotos sobre el caso Gürtel en el Muvim, compareció ayer Cholbi. El alto comisionado eludió pronunciarse sobre el asunto en una intervención en la que dejó caer, con más dureza que en la propia memoria, varias cargas de profundidad hacia el Consell, como la exigencia, en el caso de personas dependientes que fallecieron, que resuelva los expediente y pague a las familias "desde el día siguiente a la solicitud hasta la fecha de defunción". Y ello, pese a que las medidas del Gobierno central han suprimido la retroactividad en la Dependencia.
Más de mil familias exigen sin éxito al Consell, con el apoyo del PSPV, que reconozca el derecho a unas percepciones que no ingresaron por la demora en tramitar las peticiones. El Síndic reivindica el pago con carácter retroactivo de las ayudas, además de "más coordinación" entre administraciones.
Tanto el socialista Diego Macià, como Enric Morera, de Compromís, le reprocharon que no haga seguimiento ni defienda posteriormente ante la Generalitat sus recomendaciones que, de este modo, quedan en papel mojado, como la que pidió a RTVV que respete la pluralidad política. Enric Morera, de Compromís, recordó que la dirección del ente aceptó la recomendación y le dio las gracias, para ha continuado con la misma política. Ahí Cholbi escurrió el bulto, señalando que es la comisión de Control de RTVV la que ha de hacer esa labor de seguimiento. También le afeó su conclusión de que el mayor número de quejas responde, no a que la Administración funcione peor, sino a que la Sindicatura es más conocida. "El Síndic ha despertado, al salir del despacho, un mayor interés de la sociedad", dijo.
Los PAI deben supeditarse al informe de la Confederación. El Síndic, en cambio, fue duro en ámbitos como el urbanístico. Así, exigió que no se acometan PAI sin informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la existencia de disponibilidad de recursos hídricos. También emplazó a "ordenar y ejecutar la demolición de las construcciones ilegales" y a "suspender cautelarmente" las actividades molestas que no cuenten con todos los permisos.
Pedirá cuentas a Educación por la enseñanza en valenciano. A instancias de Morera, se comprometió a "iniciar un contacto" con la Conselleria de Educación para tratar la denuncia del nacionalista de que más de 80.000 estudiantes no ven garantizados sus derechos lingüísticos porque al pasar a secundaria no hay plazas para asegurar la enseñanza en la lengua propia.
Falta de medios en enfermos mentales. A preguntas de Macià, el Síndic, tras indicar que se han creado "muchas plazas" para atender a las personas con trastornos mentales, criticó que "no se han hecho bastantes", y un colectivo importante "se ve obligado a ir a la privada". "Hace falta más calidad y más cantidad", reivindicó.
Amago de matización sobre el Muvim. Cholbi apeló ante los periodistas a su "independencia" frente a las críticas de partidismo en la resolución en la que avaló la censura de fotos Gürtel en la Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus. "Soy total y absolutamente independiente; no hay fuerza humana capaz de romperme mi independencia", proclamó. En comisión, tras las críticas de la oposición, eludió pronunciarse sobre el caso alegando que corresponde a 2010, aunque dio la impresión de matizar su postura al deslizar, sobre "otras cuestiones de actualidad", que son "motivo de reflexión y de meditación, y a todos nos gustaría acertar en las cuestiones".
Sin embargo, en declaraciones a la prensa, aseguró sobre el caso: "Soy libre y responsable". En su resolución, el Síndic, ex vicepresidente de las Corts por el PP hasta que en febrero de 2009 un pacto entre populares y PSPV lo convirtió en Síndic, sostiene que las fotografías de la exposición "no guardaban la adecuada proporción" entre los partidos ni "la necesaria neutralidad informativa". Ayer declaró que ha dejado de ser del PP "con todas las consecuencias; soy respetuoso con la libertad de expresión siempre que esté dento de los cauces de normalidad en todos los órdenes".
Macià advirtió que su actuación "quiebra la confianza" de su grupo al avalar la vulneración de derechos que debió proteger. No obstante, no le reclamó la dimisión, como hizo el líder del PSPV, Jorge Alarte, al estallar el caso. Para Enric Morera, la resolución es una "mancha" y le reafirma en su voto contrario a la designación del Síndic.
