PP y PSPV aprobaron ayer en el pleno de las Corts la ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que finalmente no incluirá el requisito lingüístico para lograr una plaza en la Administración. Compromís y Esquerra Unida votaron en contra precisamente por la ausencia en la norma de la exigencia del valenciano en el acceso a una plaza de funcionario. Los socialistas, por boca del ex secretario general Joan Ignasi Pla, lamentaron que el PP no aceptara el requisito de la lengua, que incorporarán en el texto cuando gobiernen, dijo Pla, quien defendió que, con todo, se ha introducido un "avance", ya que los empleados públicos, con posterioridad a la obtención de la plaza, tendrán que acreditar el conocimiento del valenciano y, quien no pueda hacerlo, deberá realizar un curso.
"Todo lo que no sea pedir el requisito antes del acceso a la función pública no es nada", advirtió Josep Maria Pañella, de Compromís. También Lluís Torró, de EU, recordó que la exigencia previa sí está en Cataluña y Baleares mientras Marga Sanz censuró el "rodillo bipartidista". Las Corts debatían el texto y una treintena de representantes de asociaciones culturales, sindicatos y partidos políticos de la oposición se manifestaban frente al Palau de la Generalitat para mostrar su rechazo ante el veto al requisito lingüístico en la función pública. La popular Asunción Quinzá anunció que el Consell presentará a las Corts un Plan de Uso del Valenciano en la Administración.
La nueva ley, que convierte en eventuales a los conductores del Consell, también amplía los puestos de libre designación hasta el nivel de Jefes de Servicio (hasta ahora era en Jefes de Área, actuales subdirectores generales). Pla también expresó su discrepancia con este punto que, para Compromís, acarreará la "politización" de la Administración. El socialista defendió que, pese a las discrepancias, no se podía "tirar por la borda" una norma consensuada con los sindicatos mayoritarios (salvo Intersindical).
El texto, que reconoce el nuevo complemento retributivo de "carrera" (aunque su aplicación se ha aplazado a 2012), incorporó ayer como enmiendas aspectos como la funcionarización de mil empleados laborales fijos; que el tiempo dedicado a formación compute como horas de trabajo a los funcionarios; o la ampliación del Consejo Asesor a la Federación de Municipios, las universidades y dos representantes sindicales.
Aprobada una ley para "pedir cuentas" a Leire Pajín
Las Corts aprobaron ayer, con los únicos votos del PP, la ley de designación de senadores, que establece que los candidatos deberán someterse a una comparecencia para evaluar su conocimiento sobre "cuestiones de relevancia para la Comunitat Valenciana". Es el "examen de valencianía" al que los populares quisieron someter a la dirigente del PSOE Leire Pajín. No sólo eso. El popular Rafael Maluenda sostuvo que la norma "obliga" a comparecer también una vez designados y advirtió que los citarán para que "den cuenta de lo que hacen; tenemos que saber si se comprometen con el agua, la cultura y las infraestructuras". La llamada a Pajín está servida. El socialista Antoni Such rechazó que sea obligatorio comparecer tras la designación y denunció que el PP busca "amordazar a quien discrepe".
Los populares rechazaron la paridad alegando que el número de féminas debe ser "por la cualidad de la mujer, no por obligación". Mònica Oltra (Compromís) reclamó que el reparto de senadores sea proporcional a los escaños y no aplicando otra vez la ley de d'Hondt. Con las Corts actuales, el PP obtendría 4 de los 6 futuros senadores de la Comunitat y el PSPV, dos, mientras, si se hiciera proporcionalmente, serían 3 del PP, dos PSPV y uno Compromís.
