El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha asegurado este jueves que desconoce los hechos que han motivado su comparecencia hoy ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela (Alicante) en el marco de la llamada 'operación Brugal' y que, en cuanto se levante el secreto sumarial, "evidentemente" ejercerá las acciones legales "que correspondan" a su defensa. Así, ha manifestado desconocer "los hechos" que han motivado su declaración y "el porqué".
Ripoll ha realizado estas declaraciones esta noche a los medios de comunicación después de haber declarado horas antes ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que ha acordado mantener la situación de libertad provisional para el también presidente provincial del PP --al que se le han imputado diversos cargos-- y para otras cuatro personas.
Asimismo, Ripoll, que ha comparecido con la presencia de sus abogados, no ha querido especificar los delitos que se le imputan. Según ha informado el TSJCV, las diligencias previas han sido abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.
Ripoll ha señalado, además, que durante su comparecencia el Fiscal ha solicitado "una fianza de 500.000 euros" y que se personara de forma periódica en el juzgado número 3, en base a lo que estimase el juez, como medida cautelar, y que el juez ha dictado un auto "en el que adopta la decisión de mantener la libertad sin fianza" para él, "sin ninguna medida cautelar".
El presidente de la corporación provincial ha recalcado además que ha declarado "de forma voluntaria" y que, por el secreto de sumario, no conoce las diligencias.
"En cuanto se levante el secreto sumarial ejerceré evidentemente todas las acciones legales que correspondan en mi defensa y desde todos los puntos", ha avanzado.
Además, el presidente de la Diputación de Alicante ha señalado que su comparecencia "voluntaria" ante el juez ha durado "una hora" en la que "durante los primeros 30 minutos" el titular del juzgado le ha explicado "que no había una citación judicial" sobre su persona, y que "podía hacer la declaración o negarse a ello", puesto que "no había sido citado judicialmente".
IMPUTACIÓN FORMAL
Tras esto, Ripoll ha trasladado al juez que "comparecería de forma voluntaria", y ha asegurado que una vez aceptada esa comparecencia, el juez le ha "imputado formalmente" y le ha leído "todos los derechos" que le asisten y la ha explicado formalmente que hay un "secreto sumarial sobre las diligencias que se están incoando, que dura más de 3 años", y por ese motivo, "no podía contar ninguno de los hechos que están recogidos en esas diligencias previas", por lo que Ripoll ha afirmado que "desconoce qué hechos motivan" su declaración.
Ripoll también ha indicado que el juez le ha comunicado que "a lo largo de la instrucción los delitos de los que se les podía acusar, podrían ser los que están allí, o cambiarse a lo largo de la instrucción".
El presidente de la Diputación ha apuntado que tras su declaración el juez le ha realizado una serie de "preguntas genéricas", del mismo modo que el fiscal, que le ha planteado dos cuestiones, así como unas preguntas realizadas por su defensa.
ORTIZ, IMPUTADO
El empresario alicantino y máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, ha quedado en libertad, imputado por un delito de fraude y otro de cohecho, tras prestar declaración durante cerca de dos horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 oriolano.
Su abogado, Alejandro Bas, ha señalado que el fiscal "pedía una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros" que ha sido "desestimada". El propio Ortiz ha afirmado que respeta a los jueces y ha señalado que el titular del juzgado no ha tomado "ninguna medida cautelar" en su contra.
El mismo juzgado de Alicante que instruye el llamado caso 'Brugal' ha impuesto una fianza de 100.000 euros al empresario de la automoción Rafael Gregory por los presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho, han informado fuentes cercanas al caso.
