Rafael Arnanz se jubiló como secretario general del Ayuntamiento de Valencia en 1991, pocos meses después de asumir Rita Barberá la vara de mando. Dejaba atrás 39 años como secretario municipal, 15 de ellos en Valencia y otros 9 en Sagunt y Puçol, en ocho ayuntamientos repartidos por toda la geografía española y las diputaciones de Girona y Tarragona. Cuando está cerca de cumplir los 83 años, nació en Zaragoza en noviembre de 1927, este doctor en Derecho y Ciencias Políticas ha publicado tres libros y más de 150 trabajos de investigación en Derecho. El último de ellos en la separata "Cuestiones actuales de la Jurisdicción en España" de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que es académico. En este artículo propone introducir cambios en el Código Penal y la legislación local para luchar contra la corrupción en ayuntamientos y diputaciones.

Desde sus 39 años como secretario municipal ¿cómo ve la evolución de la corrupción en la Administración Local?

Es como una mancha de aceite que cada vez se extiende más y que parece que no va a tener fin. Y esto, contando ahora, que con la crisis se supone que tiene que haber una contracción, sobretodo en el urbanismo, que es lo que más afecta al ámbito municipal. Pero cuando se recupere la economía volverá a incrementarse aún más la corrupción. En el ámbito municipal es, según mi opinión, en el que se da la mayor corrupción porque es donde se maneja el urbanismo.

Eso le lleva a calificar este país como "La España del maletín"

Ese ha sido el instrumento para llevar los sobornos y las cantidades que se dedican a esto. Supongo que en la época de la peseta haría falta un mundo para equiparar las cantidades que se manejan ahora con las de entonces. Un mundo, sí, esa maleta antigua que por su enorme tamaño era como un mundo.

Y en esa geografía de la corrupción, la Comunitat Valenciana parecen tener un papel estelar con el presidente Camps imputado en el caso de los trajes, con una solicitud del fiscal de 15 años de prisión para el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y ahora con su homólogo en Alicante, Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal.

Ha coincidido que ahora con el asunto Brugal se ha redondeado el mapa y ya ha habido una homologación en este sentido. Lo que quizá haya es un agravamiento en algunos momentos, como por ejemplo el caso Polop. Este asunto es un cambio cualitativo porque ahí hay un homicidio dentro del propio partido de uno que era alcalde, presuntamente instigado por otro que quería sucederle. Es estremecedor. También supone un cambio cualitativo el tono no ya crispado, sino envenenado, que se utiliza a veces, y hasta de pésima educación, como lo de "hijo de p..." de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y en este "y tú más" en que se enzarzan los dos grandes partidos ante la corrupción, ¿quién se lleva la palma?

Hombre, establecer el "quantum" es muy difícil. El PSOE no se ha librado ni se libra de esto. Lo que si que hay es un estudio que dice que las fianzas que se han pedido para el caso Gürtel casi suman más de la cantidad que, digamos, se "distrajo" en el caso Filesa, el más paradigmático de los socialistas. Las cifras cada vez son mayores. Ya sin ir al caso Matas, que ha sido un telón de fondo temporal de lo aquí ya llevamos añas atrás en Castelló, con el caso Fabra. Por que aquí también se han aumentado los costes de muchas obras públicas. Este es otro de los asuntos graves, además del urbanismo.

Como secretario ha convivido con la dictadura y con la democracia. Existe la imagen de que había más corrupción en la Administración franquista, pero usted opina lo contrario.

Aquella España era, no sólo más gris y plomiza, sino indudablemente más pobre. Esa puede ser una posible explicación. Los casos que se daban entonces, como el de Vilá Reyes o Matesa -el escándalo financiero más importante de finales del franquismo-, eran de calderilla si se comparan con cualquiera de los actuales, sin necesidad de recurrir a los más grandes. ¿A qué se debe esto? ¿A que somos más ricos? No sabría explicarlo. Tal vez tenga que ver con eso que habla el sociólogo polaco Zygmunt Bauman del "estado líquido". Que no es la liquidez económica, sino de las relaciones humanas en las que se han perdido todos los valores. Así, por ejemplo, cuando recordamos que a Pi i Margall le parecía caro ir a comer al restaurante Lhardy de Madrid a cargo del erario público, parece que estemos hablando de políticos de otra galaxia. No ya del siglo XIX, sino de un señor que ha venido de otro planeta.

¿Por qué afirma que sale barato ser un político corrupto?

Porque en la mayor parte de los casos, lo difícil es echarle el guante al dinero que sustraen. Creo que se tendría que cambiar el Código Penal para que las penas aumenten o disminuyan en función de lo que se reintegre a las arcas públicas. No estoy proponiendo una amnistía fiscal, simplemente que la pena que corresponda se module de acuerdo con la cantidad defraudada que se devuelva al Estado o a la corporación municipal o autonómica.

La sociedad en general, tal vez, no castigue la corrupción, ya que vemos como algunos políticos sacan incluso más votos tras ser imputados, como el mismo Fabra.

Marañón decía que "cada uno tiene el gobierno que se merece". Es increíble, pero hay como una insensibilización social o, quizás, habría que llamarlo pasotismo ante la corrupción política. A lo mejor puede ser que tenga que ver con el fútbol. En la época de Franco ya se decía aquello de "panem et circenses", donde el circo que mantenía entretenida a la población era el fútbol. Y ahora estamos con mucho más fútbol. ¡Todos los días hay en la televisión partidos históricos!. Tal vez influya tanto fútbol en este desapego de la gente ante la corrupción o, quizás, sea una forma del pueblo de anestesiarse ante este problema.

Presenta como un "agujero negro de la corrupción" que los alcaldes puedan nombrar y cesar a secretarios e interventores.

Eso no lo digo yo solo, sino también Alejandro Nieto, un gran experto en Derecho Administrativo que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La independencia que deben tener el secretario y el interventor para que haya un control en los ayuntamientos se pierde si te nombra y desnombra el mismo a quien tienes que, sino vigilar, procurar que su actuación se adecue a la legislación municipal. Yo no digo ya que ahora sea el Gobierno de Madrid quien los nombre, porque supongo que eso ya es irreversible, pero sí que se efectúe desde los ejecutivos autonómicos de acuerdo a una terna de candidatos y el nombramiento se haga por méritos.

Otra de las modificaciones a la Ley de Régimen Local que propone es que tanto el secretario como el interventor recuperen la obligación de la advertencia de ilegalidad en los casos de grave incumplimiento de la ley.

Esa obligación se introdujo durante la dictadura de Primo de Rivera. Luego la mantuvo la República y también el régimen franquista. Entonces se debía dar cuenta de las infracciones graves al gobernador. Ahora, por supuesto, si se recupera dicha función de advertencia, en todo caso, se debería informar a la Fiscalía Anticorrupción.

También plantea que secretarios e interventores vuelvan a tener la potestad de paralizar decisiones municipales si tienen dudas sobre su ilegalidad.

Esa facultad de dejar sobre la mesa un expediente si se dudaba sobre su legalidad existió hasta principios de los años 80. Era una medida extrema que yo la tuve que utilizar una vez en el Ayuntamiento de Valencia. Fue el 9 de abril de 1979, en la última reunión de la Comisión de Urbanismo del consistorio predemocrático. Iba un expediente que proponía la construcción de cuatro torres de apartamentos en el Saler análogas a las que ya había. Pedí que quedará sobre la mesa amparándome en esa disposición. El expediente ya paso a la nueva corporación democrática y jamás se construyeron.

Todas estas medidas merman la autonomía municipal. ¿Cree que esa autonomía es mala?

No. El problema es la falta de controles. Ahora solo hay un control judicial, a través del contencioso-administrativo y otras vías judiciales que son largas y caras. Debe de haber un control interno en los ayuntamientos que ahora, en cierta manera, no existe desde el momento en que el alcalde a quien tienes que asesorar y controlar te puede cesar. Si que existe el control externo, el judicial, pero en este caso no estamos hablando de prevenir sino del fait acomplí, del hecho consumado, ante el que sólo un posible contencioso defiende al vecino de las arbitrariedades municipales.

También piensa que deberían suprimirse las diputaciones.

Parece que es redundante y duplicante que existan estando los gobiernos autonómicos. Ortega y Gasset llamaba a las diputaciones "ese torpe tatuaje de la piel de España", un tatuaje que ya se ha quedado como definitivo. Jordi Pujol lo intentó, pero se encontró con que no podía porque está en la Constitución. Por eso creo que en España se sacraliza demasiado nuestra Carta Magna ante la posibilidad de introducir cambios. En este sentido opino que habría que recordar aquello que decía Jean-Paul Sartre, que "las cosas son para el hombre, no el hombre para las cosas". Es decir, que la Constitución debería ser para el ciudadano, no al revés.