La falta de liquidez entronca con la política de gasto del Consell pero también con su financiación. Y, a la vista de la liquidación de 2008, último año de aplicación del llamado modelo Zaplana de financiación autonómica, aprobado bajo el mandato de Aznar, el panorama no puede ser más desolador. La brecha de la Comunitat Valenciana en financiación por habitante respecto a la media de las comunidades autónomas (salvo País Vasco y Navarra, con regímenes forales propios), lejos de minorarse, se amplió en 2008 respecto al ejercicio anterior. La liquidación revela que los recursos que correspondieron a la Comunitat fueron de 1.967 euros por habitante, a 337 euros de la media (2.304 euros). Fue la penúltima por la cola (sólo superando a Baleares), y eso que mejoró una posición, ya que en 2007 había sido la última. Hace tres ejercicio, la financiación fue de 2.411 euros, a 282 euros de la media.

El total de fondos para la Comunitat en 2008 es de 9.895 millones, una cifra inferior en nada menos que 1.887 millones a la del año anterior (11.782 millones). Todas las comunidades ingresarán en 2008 menos que en 2007, pero mientras la media de reducción es del 12,9%, en el caso de la Comunitat se dispara hasta el 16%, igual que Murcia, y sólo superadas por Baleares. La explicación está en el sistema de financiación, que prima a las comunidades dinámicas en momentos de bonanza y las perjudica en tiempos de crisis, sobre todo por el modelo productivo basado en el ladrillo, con el que el Consell ha venido haciendo caja.

Mil millones menos por el ladrillo

Del descenso en la financiación, 1.044 millones obedecen a la caída de los tributos cedidos, básicamente como consecuencia del fin del auge inmobiliario, mientras el IVA explica 276 millones de ese desplome, también fruto de la disminución del consumo interno.

La reducción de financiación es mayor en euros por habitante, con un caída respecto a 2007 del 18,4%, frente a la media del 14,5%. Para colmo, de los fondos gestionados por el Estado, el Consell tendrá que devolver 635 millones ade, ante lo que el conseller de Economía, Gerardo Camps, ha reclamado la revisión de la liquidación.