24 de agosto de 2010
24.08.2010

Las familias reciben indignadas la salida de los dependientes de las residencias

Un centro de Alaquàs convoca a los familiares de 45 residentes para explicarles las consecuencias del final de las ayudas de la Generalitat Estudian tomar medidas legales contra Bienestar Social para mantener las plazas en la residencia

24.08.2010 | 02:01
Los familiares claman contra el Consell y exigen que mantengan a sus familiares en la residencia.

«Injusticia», «vergüenza» e «indignante» eran las palabras más repetidas ayer por los familiares de los internos de la residencia l´Albereda de Alaquàs cuando se enteraron de la retirada por parte de la Consellería de Bienestar Social de las ayudas para ocupar su plaza. La medida atañe únicamente a los centros con gestión concertada: en el caso concreto de este centro, son 45 los afectados y ahora sus parientes deberán solicitar plaza en una residencia pública, una opción que se antoja «imposible» para muchos de ellos porque la ocupación en estos centros está saturada. La dirección del centro les convocó ayer para comunicarles oficialmente la decisión del Consell y sus implicaciones: tal como Levante-EMV desveló el pasado sábado, 1.800 residentes pueden quedar en la calle a partir del 1 de septiembre.
«Todas estas cosas se pagan con el dinero de los contribuyentes, al Consell le importa una mierda cómo se encuentren nuestros mayores», afirmaba indignado un familiar. Una situación que aseguran que no se da en las otras comunidades autónomas, lo que molesta todavía más si cabe a los afectados. «Es vergonzoso lo que pasa en la Comunitat Valenciana, es la única en la que hay problemas», aseveraba Vicenta, hija de una las internadas en el centro y que explicaba que su suegra está internada en un centro en Andalucía y que «allí no tienen ningún problema con las ayudas».
Rosa María tiene a sus padres, que son dependientes totales y en silla de ruedas, ingresados en el centro las 24 horas, por lo que aseguró ser «incapaz» de cuidar de sus progenitores durante todo el día porque «ni soy una profesional ni tengo capacidad para ocuparme de ellos durante todo el día». «Estuvimos dos años solicitando la ayuda y ahora con menos de un año en el centro los quieren echar de aquí», atestiguó. «Pensando mal parece que jueguen con la vida de los dependientes», agregó.

De la noche a la mañana
Los familiares denunciaron la actuación «sibilina» del Consell en pleno mes de agosto y a falta de sólo unos días para su expulsión del centro. «De la noche a la mañana te encuentras que tu madre está en la calle, ¿qué haces con ella?», contaba angustiado un pariente. Asimismo, acusaron al Consell de querer eliminar las ayudas con carácter retroactivo que deberían cobrar en octubre , valoradas hasta 6.000 euros en algunos casos. «Qué casualidad que ahora que deben pagarnos, suspendan las ayudas».
Las subvenciones de la Ley de Dependencia otorgadas por el Consell se renovaban hasta el momento anualmente, pero en mayo prorrogaron la renovación por sólo tres meses, una medida que levantó las sospechas de los familiares. Sin embargo, no imaginaban que desembocaría en una retirada completa de las ayudas. «En el momento que ampliaron las ayudas solamente tres meses, ya nos olíamos que algo no iba bien en el Consell, pero no esperábamos una cosa así», declaró una familiar. Muchos de ellos no dudaron en criticar la política adoptada por el Consell calificándola de «estafa» porque «venden humo continuamente» y añadieron que «la Comunitat Valenciana es un desastre en materia social».
Los parientes señalaron que lo único que quieren es «mantener la plaza que tanto nos ha costado encontrar», porque lo peor es la «incertidumbre» ante la situación de sus mayores, ya que muchos no pueden hacerse cargo de ellos.

Apoyo de la alcaldesa
La alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, no dudó en mostrar su apoyo a los afectados y ya ha concertado con ellos una cita para mañana miércoles. «La alcaldesa nos ha prometido que nos apoyará en todo e incluso ha puesto a nuestra disposición apoyo jurídico por si decidimos ir a los tribunales», decía un familiar. Un opción que no descartan los afectados, quienes aseguran que irán «hasta donde la ley nos lo permita» y que «lucharemos por nuestros padres porque tienen todo el derecho del mundo a sentirse protegidos».

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