El Consell pedirá a Cataluña que anule las ayudas a ACPV

Así lo ha anunciado la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Gobierno valenciano, en la que ha presentado un informe sobre la situación en la que se encuentran las "emisiones ilegales" de la Corporación Catalana de Radio y Televisión en la Comunitat Valenciana y las acciones que va a desarrollar la Generalitat.

El Consell va a dirigirse "formalmente" al Ministerio de Industria para que impida la emisión de televisiones ilegales en el territorio valenciano "dado que le compete velar por la utilización legal del espectro radioeléctrico en territorio español", ha explicado Sánchez de León. La portavoz ha lamentado la "negativa" del Gobierno de conceder a la Generalitat valenciana el tercer múltiplex, que ésta considera como un "requisito necesario para poder dar cobertura legal a la reciprocidad de emisiones".

El Ejecutivo valenciano también ha decidido requerir a la Generalitat catalana para que, después haber tenido conocimiento del otorgamiento de subvenciones a ACPV --la asociación titular de los centros emisores, ha precisado-- cuyo objeto era "concretamente el mantenimiento de la red de repetidores que emite la señal de la Corporación Catalana de Radio y Televisión" en la Comunitat y de "constatar" que esa actividad "adolece de un vicio radical de ilegalidad", se anulen los actos administrativos por los que se concedieron las ayudas y, "en consecuencia, se reintegre a las arcas de la Generalitat las cantidades percibidas".

Asimismo, el Consell planteará, a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2011, la introducción de una modificación de la ley del Audiovisual Valenciano para "endurecer las penas impuestas y las sanciones que afectan a las emisiones ilegales".

En la actualidad, las penas por las sanciones muy graves oscilan entre los 60.000 euros y un millón de euros y la propuesta del Consell es que se incremeten entre 500.000 euros y un millón de euros, "tal y como recoge la Ley General del Audiovisual", ha especificado Sánchez de León. También se incorporará una multa coercitiva para obligar al infractor al cumplimeitno de la orden de cese de la emisiones y para que los propietarios de los terrenos en los que se ubiquen los repetidores "asuman también su responsabilidad".

CÁLCULO ACUMULATIVO

Otra de las medidas que se introducirán a través de la Ley de Acompañamiento es que el cálculo de las sanciones se realice de forma acumulativa en el tiempo, de manera que la "reiteración de las emisiones y de la misma conducta sirva para modular la cuantía de la sanción".

Sánchez de León ha explicado que todavía están pendientes de clausurar tres de de los seis centros emisores a partir de los que Acció Cultural del País Valencià "emite ilegalmente la señal de TV3 en la Comunitat" debido a los recursos jurisdiccionales "que han impedido la entrada" de la Generalitat a los repetidores.

Ahora, los tribunales "nos han dado la razón" y "se ha dictado sentencia en la que se señala que a la Generalitat nos asiste la razón en los expedientes que se iniciaron para proceder al cierre y clausura de las emisiones ilegales", ha incidido la portavoz del Consell

CLAUSURA FORZOSA

Así, transcurrida esta "situación de pendencia jurisdiccional que nos ha impedido la entrada y la ejecución de las medidas provisionales de cierre en tanto en cuanto se resolviera el expediente, volvemos a iniciarlo de nuevo". De esta manera, la Generalitat pedirá a ACPV el cese voluntario en la emisión y, en su defecto, "volveremos a acudir a los tribunales" y "procederemos a la clausura forzosa", ha advertido.

"Esperamos que ahora ya nos autoricen la entrada porque ha dejado de existir la razón legal que aducían, que era la pendencia jurisdiccional", ha insistido.