Un concejal de la oposición al equipo de gobierno del PP de Orihuela recibió presuntamente dos entregas de 12.000 euros por parte del empresario Ángel Fenoll entre octubre de 2005 y febrero de 2006 con el objetivo de lograr que el ayuntamiento paralizara el procedimiento de adjudicación de la contrata de las basuras o que se aplazara al siguiente mandato, cuando José Manuel Medina ya no estuviera al frente del consistorio. Algo que finalmente se consiguió y que beneficiaba al industrial, según el informe policial del caso Brugal.

El sumario recuerda que Medina decidió acelerar los trámites para adjudicar la contrata de las basuras, iniciados meses antes, días después de perder la presidencia del PP local frente a Mónica Lorente —apoyada abiertamente por Fenoll, quien mantenía varios contratos públicos para la recogida de basura en el término—. Esa reactivación del procedimiento se hizo efectiva con la aprobación del pliego de condiciones el 8 de julio de 2005.

Con el equipo de gobierno totalmente escindido entre zaplanistas (ocho de los 14 concejales) y campistas, el entonces edil del grupo independiente, Jesús Ferrández —en una posición de fuerza al contar con seis ediles— se ofrece como intermediario entre Colsur y Medina con varios objetivos, siempre según el informe judicial: Que el ayuntamiento agilizara los trámites para saldar la abultada deuda que tenía con el empresario por la limpieza viaria y retirada de residuos, revisar al alza los pagos mensuales por ese servicio, y hacer todo lo posible por convencer a Medina de que no siguiera adelante con el procedimiento de adjudicación y que éste se retrasara hasta el siguiente mandato municipal.

Sus votos eran decisivos contando además con información de que otras empresas como Urbaser iban a apostar fuerte por hacerse con la contrata. Supuestamente la persona de confianza de Ferrández en el seno del equipo de Gobierno iba a ser Antonio Franco, en su momento edil de Personal. El interés de Ferrández con toda esta estrategia era tener poder de decisión sobre la adjudicación de planes urbanísticos e incluso llegar a la alcaldía, según el informe policial.

Todas las reuniones en las que se habría entregado el dinero fueron grabadas. El procedimiento de adjudicación prosiguió sin embargo y el 21 de marzo la mesa de contratación puntuó a Urbaser como la mejor opción. La supuesta mediación de Ferrández no había dado resultado. Al día siguiente Fenoll hizo pública la última conversación grabada con Ferrández y logró su objetivo: Paralizar el concurso hasta después de mayo de 2007, fecha de las elecciones municipales, con la amenaza de hacer públicas otras grabaciones del propio Ferrández.