La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, ordenó ayer que se abran diligencias pre procesales por "la denuncia de posibles irregularidades en las negociaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y varios de los propietarios de los terrenos que ocupan la zona que el consistorio de Zarra ofertó en si día al Ministerio y en los que podría situarse la ATC, de ser elegida por el Gobierno".
Los denunciantes, del ámbito antinuclear, aseveran en su escrito que "hay que investigar un posible delito de negociación prohibida a funcionario público", pues la venta de los terrenos beneficiaría directamente a altos cargos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Se da la coincidencia de que, parte de la posible venta de los citados terrenos que serán investigados son los que pertenecen a la familia del conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino.
El también vicepresidente del Consell ha mostrado un rechazo frontal, en consonancia a la postura adoptada por la Generalitat, a que Zarra sea elegida como sede del futuro ATC.
Fuentes de la Fiscalía informaron a Levante-EMV de que, ahora, será un fiscal quien investigue si hay o no indicios de delitos en las negociaciones sobre transacciones de los terrenos. De ser así, se abrirían una diligencias de investigación penal, que podrían acabar en los tribunales.
Aunque fuentes fidedignas aseguraron que, de no salir elegido el municipio de Zarra como vencedor para albergar el silo nuclear, el recorrido penal de la denuncia será corto, muy corto, pues si no existe venta de terrenos, no hay delito y, por tanto, será archivada.
La denuncia fue presentada en un primer momento en Madrid, ante el fiscal de Medio Ambiente y, éste, la remitió a Valencia. En principio, será un fiscal de Anticorrupción quien se encargue de investigar los hechos que narra la denuncia.
