La austeridad que ha impuesto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para el 2011 ha salpicado a la Comunitat Valenciana como en el resto de autonomías, aunque con cifras de recorte mucho más elevadas, a tenor de los números que se han hecho públicos en el avance presupuestario.

La inversión por cada ciudadano ha quedado reducida a 308 euros, que es a lo que sale cada uno de los 4.990.626 valencianos, según el último padrón de julio de este año. Esta cantidad supone una reducción drástica en los últimos años de hasta 164 euros menos por persona, si tomamos como referencia los 472 que recibió cada valenciano merced a las cuentas del Estado de 2009.

El descenso se produce por la rebaja de los presupuestos -enmedio de una crisis de la que el conjunto de España no logra salir- y también por el crecimiento demográfico del territorio valenciano en la última década, si bien hay que señalar que en julio de este 2010 se ha constatado una disminución en número de habitantes. La Comunitat Valenciana vuelve a estar por debajo de los cinco millones de habitantes.

Precisamente este umbral de los cinco millones de valencianos ha sido la gran baza mostrada por el Consell para reivindicar mayores inversiones al Gobierno español. El presidente, Francisco Camps, siempre ha exigido una financiación basada en el volumen de población; y a lo largo del mandato de Zapatero ha voceado que un millón de valencianos no están contemplados en las inversiones del Estado.

Lo cierto es que con estas cifras los ciudadanos que viven de Vinaròs a Pilar de la Horadada se han quedado a la cola de inversiones monetarias por habitante y sólo se encuentran por encima de las comunidades autónomas de Baleares, Canarias, País Vasco, Cantabria y Madrid. Ahora el ejecutivo de la Generalitat pretende reformar el Estatut para conseguir una financiación acorde con el padrón.

La batalla de la población

La media de inversiones per capita en España se sitúa en los 362,7 euros, superior a los 308 que percibirá cada valenciano.

El argumento de la población como factor para reclamar más dinero es fácil de sustentar ante las necesidades sanitarias o educativas de una sociedad que crece en individuos. Pese a todo, las comparaciones no se pueden establecer con los mismos parámetros, dadas las diferencias en materia económica existentes en cada autonomía. Sin embargo, lo cierto es que comunidades con prácticamente la mitad de la población que la Comunitat Valenciana se sitúan por encima en el reparto por habitante de esas inversiones.

Es el caso de Castilla-León que con cerca de dos millones y medio de habitantes tiene un reparto muy superior al valenciano. Cada castellano-leonés sale a 703 euros si se repartiesen los más de 1.774,54 millones de euros que invertirá el Estado en 2011. Una cantidad que les ha colocado sólo por detrás de tres comunidades muy pobladas: Andalucía (8.238.806 habitantes), Cataluña (7.321.101 habitantes) y Madrid (6.358.587 habitantes).

Otra comunidad autónoma que tiene un reparto per cápita por encima del valenciano es Castilla-La Mancha con 451,3 euros por individuo de los más de dos millones que habitan la autonomía vecina. En el caso de las dos Castillas el peso de la extensión geográfica es superior a la Comunitat Valenciana. En cada caso entran en juego las necesidades en infraestructuras comunicativas que son las que a la postre se llevan la mayor parte del pastel de los presupuestos generales del Estado.