Las dificultades económicas que ahogan a la Generalitat se extienden como una mancha de aceite. Afectan incluso a áreas que han tenido durante años un tratamiento privilegiado por parte del Consell. Una de ellas es el llamado "modelo Alzira", la gestión a través de una empresa privada primero de un hospital comarcal y después del departamento de salud entero.
Sin embargo, la crisis económica y la economía de guerra decretada desde la Conselleria de Sanidad han llegado también a Alzira, un hospital mimado desde las altas instancias del PP desde que a finales de los 90 se decidió convertirlo en el primero de gestión privada implantado en España.
La evolución de la cápita, la prima por ciudadano censado en el departamento que la Conselleria de Sanidad abona a la UTE - Adeslas, Ribera Salud (Bancaja y CAM) y las constructoras Lubasa y Dragados- que gestiona el departamento, confirma que las vacas flacas también llegan a la Ribera. La prima por ciudadano registró un aumento en 2010 de un 1,6% frente a los crecimientos en torno al 10% anual que se registraban a mediados de la década.
"Antes no había límites porque era necesario defender el modelo Alzira, que era la bandera del Partido Popular en temas sanidad, pero ahora ha llegado la época de vacas flacas", asegura una fuente sindical, conocedora de los entresijos del hospital comarcal.
En 2010, el Consell abonará al departamento 607 euros por cada uno de los 240.000 habitantes que tiene la comarca -excepto algunos municipios atendidos en Valencia o Xàtiva- frente a los 597 euros del año pasado, sólo diez euros más. Ese dato contrasta con los más de 30 de aumento medio que registró en años anteriores y que alcanzó los 41 euros entre 2004 y 2005 y entre 2006 y 2007.
Desde que la UTE asumió la gestión de todo el departamento sanitario en 2003, la aportación de la Conselleria de Sanidad acumuló hasta 2009 un 74% de crecimiento al pasar de los 379 euros por habitante a los 597 del año pasado. Desde el hospital admiten que la crisis afecta a todos, pero aseguran que la cápita está ligada a los presupuestos de la Generalitat y éstos tampoco crecen. Además, recuerdan que este modelo de gestión resulta un 20% más económico que el sistema tradicional. En cambio, otra fuente sindical asegura que es "ahora los fiscalizando más por la crisis".
Cuatro hospitales más
A la consolidación del llamado modelo Alzira tras una década de funcionamiento hay que sumar la apertura en los últimos años de cuatro hospitales más -Torrevieja en 2006, Dénia Manises en 2009 y Elx este mismo año- bajo el mismo sistema de gestión privada de una concesión pública a través de uniones de empresas lideradas por las hasta este año principales cajas de ahorro valencianas -CAM y Bancaja- convertidas en soportes principales del modelo que impulsó el PP y la aseguradora sanitaria Adeslas.
Hoy un millón de valencianos, la quinta parte de la población está atendida bajo el modelo de gestión sanitaria que vio la luz en Alzira en enero de 1999. Atrás quedan también los años en los que el modelo Alzira llegó a ofrecer dudas sobre su rentabilidad lo que obligó a ampliar la gestión del hospital al departamento entero para cuadrar las cifras a partir de 2003 y por el que la gestión privada alcanzaba también a los centros de salud, lo que provocó un importante aumento de la prima per cápita que en 2003 se situó en 379 euros.
"Es una cuestión de coyuntura económica"
El menor incremento en las aportaciones al departamento tiene una causa evidente: la crisis que obliga tanto a la Administración pública como a la empresa privada a apretarse el cinturón. En el hospital consideran que el menor incremento en la cantidad que el Consell abona a la UTE por gestionar el departamento de salud es una consecuencia lógica ya que la cápita aumenta al ritmo de los presupuestos de la Conselleria de Sanidad. "Es una cuestión de coyuntura económica", explican. Además, desde el hospital subrayan que pese al menor incremento de la cápita respecto a años anteriores, la UTE mantiene la plantilla de trabajadores e incluso ha aumentado los sueldos. Además, explican que aunque el incremento en la aportación de los fondos públicos es menor, se mantienen también las inversiones, que durante 2009 superaron los tres millones de euros. Además, añaden que el porcentaje de los beneficios está limitado, mientras que el contrato obliga a realizar inversiones durante la concesión de 140 millones.
