06 de octubre de 2010
06.10.2010

El Consell podrá echar al personal sanitario por tomar drogas o alcohol en el trabajo

La ley de acompañamiento de los presupuestos de 2011 amplía el régimen sancionador de los profesionales de la sanidad a quienes también se les podrá reducir salario e impedir la promoción interna El Consell busca incentivar el capital privado ampliando el plazo máximo de las concesiones

06.10.2010 | 04:22

El Consell tiene previsto modificar el régimen de faltas y sanciones que aplica a su personal sanitario con el fin de penalizar de forma específica el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes en el ámbito laboral. De hecho, a partir de 2011 la Generalitat tendrá potestad para apartar de su puesto hasta incluso seis años a aquellos trabajadores de los servicios de salud valencianos que consuman alcohol o drogas en el ejercicio de sus funciones. Esta práctica será considerada falta muy grave en el caso de que se ponga en peligro la integridad física de otras personas o falta grave si el consumo habitual de estas sustancias afecta al funcionamiento del servicio. Esta es una de las novedades que recoge la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2011 cuyo anteproyecto fue llevado a pleno del Consell el pasado viernes por el conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps. La ley, a cuyo contenido ha tenido acceso Levante-EMV, modifica de una tacada 22 normas, entre ellas, la que establece el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, es decir, el régimen específico que regula las condiciones de trabajo del personal sanitario. Aunque se trata de una ley de ámbito estatal, las comunidades tienen margen para ampliar el régimen disciplinario. El Consell ha decidido hacer uso de esta facultad y ha ampliado el listado de situaciones que son susceptibles de ser calificadas como faltas disciplinarias. Y ha introducido las relativas al consumo de drogas, que no aparecen en el texto estatal.
Además, ha incorporado la figura del "demérito" en la relación de sanciones que recoge la ley estatal para los casos de faltas graves o muy graves. La sanción se concreta en la degradación del trabajador tanto a nivel retributivo (según gravedad podrá perder varios grados en la carrera profesional) como laboral, ya que no podrá ocupar puestos de jefatura ni participar en procedimientos de provisión de puestos o promoción interna en un periodo de tiempo entre uno y cuatro años. Además, también se contempla la suspensión de funciones por un periodo de hasta quince días en los casos de faltas graves.
Los cambios en el régimen disciplinario del personal estatutario sanitario causó ayer sorpresa en medios sindicales que negaron tener conocimiento previo de los planes de la Generalitat en esta materia.
El ámbito normativo sanitario no es el único que se verá modificado con la aprobación de la ley de acompañamiento. Esta ley, que el Gobierno central suprimió con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, está pensada en principio para modificaciones estrictamente vinculadas a la gestión del presupuesto -medidas fiscales y administrativas-, pero que año tras año el Consell utiliza para cambiar otras leyes sin apenas debate. En esta ocasión se da la vuelta a más de una veintena de normas, entre ellas, la ley forestal, la de música, la que regula los espacios naturales, la de policía local, la de caza, la de pesca o incluso la de ordenación del sector vitivinícola. Además, se introducen modificaciones en organismos como el Servef, el Consell Valencià d' Esport o se crea el Instituto Valenciano de la Música. A continuación se relatan algunos de los cambios legislativos propuestos por el Consell.

Ley de Hacienda Pública. El conseller de Economía quedará habilitado para que, en casos excepcionales, pueda suscribir acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal. En concreto, podrá acordar con el deudor unas condiciones singulares de pago, así como la compensación de los créditos en los términos previstos en la normativa de los ingresos públicos.

Ley de Patrimonio. En un intento de buscar nuevas vías de financiación y de incentivar la entrada de capital privado en determinados proyectos, el Consell propone modificar la ley de Patrimonio de la Generalitat, de tal manera que se amplia el plazo máximo de las concesiones sobre bienes de dominio público. Si la actual ley fija un máximo de 50 años, con el cambio propuesto la concesión podrá llegar a los 75 años.

Pago aplazado. Además, de prórroga de un año anunciada por Gerardo Camps para la ejecución de las obras del Plan Confianza, la ley de acompañamiento vuelve a autorizar al Consell para que puede usar el modelo del pago aplazado en las obras previstas en el Plan de Innovación de Sedes Judiciales de la Conselleria de Justicia. La autorización se reguló por primera vez en 2008, pero el retraso en la ejecución de las obras ha obligado al Ejecutivo a que siga en vigor durante 2011.

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