El conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, puso ayer a disposición de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana –así como de los grupos parlamentarios– los expedientes correspondientes a las subvenciones a la Fundación Cyes para dos proyectos de cooperación desarrollados en Nicaragua con el fin de demostrar que «la Generalitat no ha dado un sólo euro para la adquisición de ningún inmueble» de esta organización en Valencia.

«Si hay alguna responsabilidad política la asumiré; si la Fiscalía detecta algún nivel de responsabilidad e, independientemente de la cuestión judicial, tengo que pedir explicaciones, yo me iré a casa», garantizó Blasco, quien, no obstante, se mostró seguro de la «transparencia» de su departamento.

Blasco realizó estas declaraciones tras ser acusado de desviar supuestamente fondos de cooperación a la compra de pisos en Valencia en 2008.

El conseller enmarcó estas acusaciones en la «estrategia degenerada» del PSPV, que ha facilitado un «expediente trucado, obviando documentos esenciales». «Es un montaje», sentenció Blasco. Prueba de ello, dijo, es que el «tema» del supuesto uso de fondos para la compra de inmuebles de la Fundación Cyes «no es nuevo» y mostró un «borrador de querella» para «atacar la política de cooperación al desarrollo que el PSPV está orquestando desde el pasado 27 de septiembre».

En este sentido, dijo que fue una persona «de la alta dirección del Partido Socialista» la que le hizo llegar dicho documento –firmado por la secretaria de Movimientos Sociales y ONG Clara Tirado–, y le dijo que el PSPV, «además de estar elaborando esta querella, la estaba haciendo en connivencia con el Fiscal Anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco».

Blasco facilitó ayer una serie de escritos, entre ellos una relación de la facturas admitidas y rechazadas a la Fundación Cyes. Dijo que es cierto que esta organización incluyó facturas por la compra de algunos inmuebles pero subrayó que no fueron aceptadas por tratarse de bienes no vinculados, tal y como se refleja en una notificación de 8 de julio de 2010 firmada por el susbsecretario de la Consejería de Solidaridad.

Igualmente, destacó la existencia del acta de la reunión de la Comisión técnica del programa de cooperación de 21 de julio de 2008 en la que se aprobó la propuesta de resolución de ayudas y la orden publicada en el DOGV «que no fue recurrida por nadie», recordó.