El Tribunal Supremo ha tumbado la queja que presentó el jefe del Consell, Francisco Camps, contra el juez Baltasar Garzón por excluir del sumario del caso Gürtel las conversaciones en prisión entre el imputado Pablo Crespo y el abogado de otro procesado. En las grabaciones, el supuesto número dos de la trama aseguraba que Camps se pagó los trajes. El Supremo considera que el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- actuó correctamente al archivar la denuncia contra el entonces magistrado de la Audiencia Nacional. La Generalitat anunció ayer que estudia sumarse a la querella que el abogado que mantuvo la conversación con Crespo presentó contra Garzón por intervenir comunicaciones de los cabecillas con sus letrados y por excluir la prueba para la defensa de Camps.
El presidente de la Generalitat presentó la reclamación ante el Poder Judicial hace un año. El jefe del Consell denunció que en la documentación enviada por Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana -TSJCV- no figuraba la transcripción de la conversación que, según Camps, contenía "párrafos claramente exculpatorios" de los que se desprendía "su no partición en los hechos que se le atribuían".
La conversación relativa a Camps habría tenido lugar en el centro penitenciario el 6 de marzo de 2009 en una entrevista entre Ignacio Peláez (abogado del constructor José Luis Ulibarri) y Crespo en la que el acusado señalaba que el presidente valenciano "se pagó sus trajes" pese a las declaraciones de otra de las imputadas, Isabel Jordán, en sentido contrario. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar", reza la transcripción.
Camps también se quejó de la decisión de Garzón de abrir una pieza separada sobre las filtraciones que hubo del caso y que se encargara de la investigación "a pesar de ser uno de los sospechosos de la comisión del delito de revelación sumarial y, por esa razón, con interés directo en la causa".
El 10 de diciembre de 2009, el Servicio de Inspección del Poder Judicial archivó la queja advirtiendo de que los jueces son independientes para adoptar este tipo de decisiones y que frente a ellas el único control posible es el de los recursos procesales y, en su caso, la petición de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El Supremo ha dado la razón al Poder Judicial, aunque subraya que la falta de entidad disciplinaria de los hechos enjuiciados "no prejuzga su calificación en el ámbito del ordenamiento penal". El fallo recuerda que estos mismos hechos están siendo objeto de un proceso penal en el que Garzón está imputado de un delito de prevaricación y otro contra las garantías de la intimidad por la querella interpuesta por el abogado Ignacio Peláez.
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, apuntó en rueda de prensa que la decisión del Supremo ratifica que "no es una cuestión disciplinaria sino jurisdiccional". Sánchez de León añadió que es el órgano judicial que tramita la querella el que "tiene que resolver esa falta que, desde nuestro punto de vista, se cometió en el procedimiento".
Entrevistas de Peláez con los cabecillas
El abogado Ignacio Peláez presentó en diciembre de 2009 la querella contra Garzón por ordenar intervenir las comunicaciones de los implicados de la trama Gürtel en prisión. El magistrado autorizó las escuchas al existir indicios de que algunos abogados podrían estar ayudando a sus clientes a ocultar millones de euros obtenidos por la trama corrupta. José Luis Ulibarri, el cliente de Peláez, no llegó a pisar la prisión. No obstante, Peláez se entrevistó en la cárcel con los principales cabecillas de la trama -entre ellos Francisco Correa y Pablo Crespo- además de otros que tampoco eran clientes suyos, según él, para coordinar la estrategia de defensa. Peláez amplió después la querella por la decisión de Garzón de excluir la conversación que exoneraba a Camps.
