La mercantil Lonerson SL se ha convertido en el nexo de unión entre dos escándalos mayúsculos en el corazón de la Generalitat Valenciana que tienen como protagonista principal al conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. En 2002 fue la protagonista de una extraña concesión en la que recibió de Bienestar Social, cuando estaba dirigida por Blasco, la gestión de los centros mujer 24 horas de Valencia, Castelló y Alicante por 6,7 millones de euros y que mantiene en la actualidad, según informan en su página web. En aquella ocasión, el conseller tuvo que comparecer en las Corts Valencianes para dar explicaciones. Esta empresa está administrada en la actualidad por Adolfo Soler Sempere, el número dos de la trama de fundaciones y ONG que desvían dinero del Tercer Mundo a sus empresas. En los dos casos, las consellerías que dirige y dirigió el camaleónico político de Alzira ungen con subvenciones y contratos millonarios a las empresas relacionadas con Soler Sempere y su entorno.

Según ha venido contando Levante-EMV desde el pasado jueves, Adolfo Soler Sempere es el número dos del entramado que con la connivencia de la conselleria de Blasco ha recibido subvenciones millonarias. Soler Sempere es el administrador único de la firma Dinamiz-e y vicepresidente de la Fundación Solidaria Entre Pueblos. Ambas son la columna vertebral del conglomerado de organizaciones que ha recibido más de cuatro millones de euros de fondos de cooperación para diferentes proyectos en todo el mundo. Desde Solidaridad Entre Pueblos captan, gracias a la información que se les proporciona desde la conselleria de Blasco, a otras ONG a las que les redactan los proyectos de cooperación. En todos estos trabajos hay facturas imputadas a las empresas de sus dirigentes, entre ellos Dinamize-e, que administra Soler Sempere y que recibirá 519.329 euros por todos los trabajos realizados, según las facturas y facturas proforma a las que ha tenido acceso este periódico. Es curioso, que esta firma tenga como objeto social la asesoría en temas informáticos y acabe haciendo cursos de agricultura, en algunos casos con costes superiores a 100.000 euros.

Solidaridad Entre Pueblos, la fundación de la que Soler Sempere es vicepresidente, eje central del entramado, está dirigida en la sombra por César Augusto Tauroni, a la que éste también le realiza la gestión administrativa a través de su empresa General de Comunicaciones y Servicios (CGS). Tauroni fue socio de Bernardo Blasco, hermano del conseller Rafael Blasco y también fue uno de los principales protagonistas del escándalo de 2002.

En aquella ocasión Blasco dio a una empresa dormida la gestión del teléfono 24 horas de mujeres maltratadas por valor de 6,5 millones entre los años 2002 a 2005. Esa empresa era Lonerson y sólo hacia ocho meses que había sido comprada para activarla. En tan poco tiempo pudo acceder a uno de los contratos más suculentos de Bienestar social en aquella época. Esta firma, que ahora dirige el número dos de la trama de ONG, actuaba como pantalla de CGS, la firma de Tauroni, como demostró Levante-EMV en diferentes artículos en el año 2002.

Pantalla de CGS (Tauroni)

Lonerson compartía todos los recursos de CGS, la firma de Tauroni, y se limitaba a poner el nombre. Además, la empresa en UTE (Unión Temporal de Empresas) con la que consiguió el asesoramiento a las maltratadas, Tissat, también obtuvo junto a CGS el proyecto Infodona, adjudicado también por Bienestar Social con Blasco como máximo dirigente.

El caso de Lonerson fue muy curioso ya que de estar desactivada, en ocho meses pasó a recibir una concesión millonaria. Este contrato le vino muy bien para arrancar y tres años después, cuando terminaba la concesión, ya tenía unos ingresos de 1.347.713 euros. Fue en ese año cuando aparece Adolfo Soler Sempere que se convierte en administrador único hasta la fecha.

Ya en el año 2008, las últimas cuentas publicadas, y sin el amparo de grandes concesiones esta empresa facturó 363.413 euros. En la actualidad tiene sus oficinas en la Avenida Catalunya número 16 y dispone da empleo a 10 trabajadores. Su actividad son los servicios médicos aunque su objeto social, que sería cambiado en los últimos años es la compraventa, arrendamiento, administración y explotación de cualquier finca rústica y urbana, y la realización de toda clase de obras tanto públicas como privadas. Sus beneficios fueron de 70.569 euros, una empresa que se puede considerar rentable.