21 de octubre de 2010
21.10.2010

Los transportistas discrecionales piden al Consell que no les margine

Denuncian que la futura Ley de Movilidad concede derecho de preferencia a los transportistas regulares

21.10.2010 | 02:00

Los representantes de asociaciones de transportistas discrecionales (los que se dedican a rutas escolares, por ejemplo) se reúnen hoy con el director general de Transportes, Vicente Dómine, para analizar el anteproyecto de la Ley de Movilidad que según denuncia concede privilegios presuntamente ilegales a los transportistas de lineas regulares.
La Ley de Movilidad, aprobada por el Consell en septiembre y que aún debe ser debatida en las Corts, permite "el derecho de preferencia de los transportistas de líneas regulares en la concesión de autorizaciones de servicios especiales", según denuncian desde la Unión Valenciana de Transportistas (Uvatra). La Conselleria de Transportes incluso se reserva la posibilidad de "modificar las rutas regulares" para adaptarlas a las necesidades especiales y que pueda realizarlas la misma empresa que, por ejemplo, tenga adjudicada una línea considerada de débil tráfico.
Desde Uvatra advierten que este "derecho de preferencia ya se eliminó en la legislación estatal de ordenación del transporte terrestre" obligada por la Comisión Europea que dictaminó al respecto que "los derechos preferenciales infringen los principios de igualdad de trato y no discriminación".
Si embargo, Infraestructuras "no sólo pretende concederle rango de ley" sino que en una disposición transitoria de la ley prevé "el mantenimiento de las concesiones vigentes" con plazos que pueden alcanzar hasta el 31 de diciembre de 2023. "Para instrumentar estas prórrogas se ha elaborado un decreto que supedita la prórroga de las concesiones a un Plan de Modernización", con una serie de puntuaciones que privilegian a las empresas que ya disfrutan de las concesiones con anterioridad. Este decreto ha sido recurrido tanto por Uvatra como por la Comisión Nacional de la Competencia.
Desde Uvatra aseguran que sospechan que "el anteproyecto pretende financiar de esta manera los déficits en que pueda incurrir determinados concesionarios de transporte regular de uso general, a costa de desviar mercado del regular de uso especial, y atacando principios básicos como el de libertad de empresa, libertad de elección del usuario, y contraviniendo la libre competencia entre empresas", asuntos en los que la Comisión Europea suele ser bastante quisquillosa.

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