El vicepresidente económico, Gerardo Camps, anunció ayer formalmente en el pleno de las Corts que el Consell va a iniciar los trámites de reforma del Estatuto con el fin de incluir una cláusula -similar a la Carta andaluza- para reclamar una inversión del Estado en la Comunitat Valenciana equivalente al peso de la población en España. Camps hizo este anuncio después de recibir el apoyo de Compromís y Esquerra Unida al borrador de modificación estatutaria, mientras el PSPV evitó definirse, retando al conseller a presentar "una propuesta seria y por registro de entrada", momento en el que su grupo se pronunciará.

El titular de Economía, que compareció para informar de los dos dictámenes de la Comisión de Expertos sobre la financiación autonómica, pidió el consenso para acometer la iniciativa de reforma desde las Corts, mediante una proposición de los grupos parlamentarios, pero ante la posición del PSPV anunció que el Ejecutivo asumirá el proceso. Camps indicó que ahora pedirá a la Conselleria de Gobernación que elabore un texto con la redacción trasladada a los grupos, que se aprobará en un próximo pleno del Consell. Eso sí, advirtió que la vía del Ejecutivo, a diferencia de si la iniciativa la tomaran las Corts, retrasará los plazos al requerir informes económicos y del Consejo Jurídico, con lo que, teniendo en cuenta los escasos meses para finalizar la legislatura, podría no haber tiempo para culminar la reforma estatutaria.

Para los socialistas, el Consell va de farol y ahora buscaría pretextos para que la iniciativa, de presentarla, no llegue a prosperar. El Ejecutivo es el que controla los tiempos de estos trámites. De hecho, desde que Camps anunció la propuesta de reforma han pasado veinte días, quince desde que se trasladó el borrador, sin que haya habido contacto alguno. La explicación, según la portavoz de Economía, Cristina Moreno, es que el Ejecutivo de Camps no tiene el permiso de Génova para acometer ahora un nuevo proceso de reforma estatutaria y sólo buscar crear un "frente antizapatero" con fines electoralistas. Moreno acusó al titular de Economía de "mezclar para liar" el debate de la financiación autonómica, en el que el PSPV apoya la reivindicación de que Valencia alcance la media española en financiación por habitante y por ello apoyó los informes de los expertos, y el de las inversiones del Estado en función de la población que, dijo, el PP se negó a reclamarlo cuando lo propuso el PSPV.

Gerardo Camps explicó que el PP no recogió esta cláusula porque pensaba que era inconstitucional pero, a la vista de que el Gobierno de Zapatero ha respetado las cláusulas de Cataluña, Andalucía o Baleares aunque la sentencia del Constitucional no le obligaba, el Consell no quiere ser menos. También defendió que el Comité de Expertos plantea que se reclamen "medidas compensatorias" para paliar el déficit en financiación que, recordó, cifra en 3.400 millones sólo por la no actualización de la población entre 2001 y 2008. La valenciana, subrayó, es "la única comunidad con balanza fiscal negativa y financiación por habitante inferior a la media, la que más gasta en sanidad y la segunda que más gasta en educación".

Morera: "¡Aleluya!"

"¡Aleluya!", exclamó el portavoz de Compromís, Enric Morera, para felicitarse de que "por fin" el Consell aborde el problema de la financiación. Morera, quien aplaudió la "valentía" del conseller al "reconocer que con el modelo de financiación del PP" los valencianos "perdieron 3.400 millones", expresó su apoyo a la reforma aunque la consideró insuficiente. La coordinadora de EU, Marga Sanz, recalcó que su grupo siempre abogó por el criterio poblacional en la financiación autonómica y consideró que el debate de ayer "deja clara la incompetencia de PP y PSPV" en la elaboración del Estatuto valenciano de 2006.