26 de octubre de 2010
26.10.2010
Anticorrupción

El fiscal acusa a Castedo de aceptar un Mini y viajes de Ortiz a cambio de favores en el PGOU

26.10.2010 | 11:18
La alcaldesa Sonia Castedo, ayer, enseñando facturas a la prensa.

Briones pide la imputación de la alcaldesa de Alicante por darle información privilegiada al constructor y hacer el Plan General "a la medida" de éste - Castedo niega con facturas el regalo del coche y unas vacaciones en Andorra, pero admite el viaje a Eivissa

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, cree que la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación Brugal por beneficiar al constructor Enrique Ortiz a cambio de regalos, aunque ésta negó las acusaciones de trato de favor y las contextualizó en la precampaña electoral. En el escrito de Felipe Briones al juzgado número 3 de Orihuela (que lleva el caso Brugal) se enumeran, a partir de informes policiales, supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación con Ortiz, quien, además de constructor, es dueño del Hércules CF. Este empresario está imputado en este caso y aparece también en Gürtel como presunto financiador del PP.
El documento remitido por la Fiscalía, que lleva fecha de 17 de junio de 2010, propone que se impute a la alcaldesa por la presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El informe del fiscal, que fue repartido ayer por la propia alcaldesa, apunta a que ésta dio «en gran cantidad de ocasiones» información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó «a la medida» del empresario en «aspectos relevantes».
El fiscal Anticorrupción explica que la alcaldesa recibió «dádivas» del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, un viaje con familia y amigos en yate a Eivissa y un coche Mini Cooper descapotable.
Se refiere el documento de Briones a «apaños» en las zonas urbanísticas APA-9, «Lomas de Garbinet» y en el estadio Rico Pérez. El fiscal subraya aspectos relacionados con los índices de edificabilidad previstos en esos programas urbanísticos. Relata, asimismo, diversas llamadas. «El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que le pinte de azul tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor», afirma el fiscal.
Habla de otra llamada del 26 de junio de 2008 entre Ortiz y el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, para hablar del proyecto de remodelación del campo del Hércules CF «con la anuencia» de Castedo (entonces concejal de Urbanismo) y el ex alcalde Luis Díaz Alperi. Además de los citados presuntos regalos en especies, Briones le atribuye a Sonia Castedo peticiones a Ortiz para contratara a «personas de confianza». La alcaldesa compareció ayer arropada por todo su equipo de gobierno local para fijar su posición sin permitir preguntas.
Castado sí admite haber mediado tanto ante Enrique Ortiz como ante otros empresarios vinculados al ayuntamiento para tratar de dar empleo no a gente cercana a ella sino a alicantinos que sufren situaciones «dramáticas» por el paro. En su defensa, la alcaldesa subrayó que, salvo el viaje en el yate, todo es falso y mostró facturas que acreditarían que pagó personalmente el viaje a Andorra y el montante del vehículo, por lo cual calificó el informe del fiscal de «sesgado y no contrastado».
La alcaldesa sostuvo que en las tres zonas urbanísticas mencionadas no ha habido incremento de edificabilidad o recalificación alguna y, en todo caso, advirtió que «Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió». La alcaldesa lamentó la «tergiversación» de las acusaciones que le dirige el fiscal y le recordó que el PGOU es un documento público en el que es fácilmente demostrable «que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno», pese a las posibles «aspiraciones» que haya podido tener el dueño del Hércules.
Por ello, interpretó que las conclusiones del fiscal suponen quebrar «el principio de presunción de inocencia» y añadió que lo único que lograrán es «hacer ruido, despertar el morbo mediático» y, quizá, dañar su imagen política y personal. «No es un asunto judicial» sino «el comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político sino un enemigo al que hay que destruir» con una «condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable», según Castedo. «Sé que es difícil luchar contra la infamia y la difamación, sobre todo cuando parten de estamentos oficiales, pero lo voy a intentar con todas mis fuerzas», agregó la alcaldesa.
Estas investigaciones policiales y del fiscal se refieren a la parte del «caso Brugal» relacionadas con la tramitación del PGOU de Alicante, paralelas a otras como la del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, asunto por el que está imputado el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll.

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