La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha sostenido hoy que el caso Brugal, en el que aparecen relacionados varios miembros del Gobierno valenciano y dirigentes del PP, es "un montaje" que responde a intereses partidistas y que sólo busca generar "confusión".
Sánchez de León ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha sido preguntada por las conversaciones publicadas esta semana entre el empresario Enrique Ortiz, imputado por el caso Brugal, y familiares del conseller Juan Cotino y el ex conseller Fernando de Rosa.
La consellera, quien también ha sido abordada por las conversaciones entre el titular de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, y Ortiz, ha sostenido que "no hay que explicar una conversación privada". "Confío absoluta y totalmente en la honorabilidad e integridad de estas tres personas", ha afirmado, al tiempo que ha hecho extensible este apoyo al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y al ex alcalde de esta ciudad Luis Díaz Alperi, que también están relacionados con este asunto.
Ha sostenido que mientras no haya una resolución judicial respaldarán a "todos y cada uno" de sus responsables políticos, ya que "lo único que hay respecto a ellos es que han pasado a ser protagonistas, principales y secundarios" de lo que ha definido como una "comedia o tragicomedia".
Preguntada sobre si le sorprendía la aparición de estas personas en las grabaciones policiales, ha dicho que si se enmarcan "en este escenario" de "manipulación", no le sorprende y, convencida, ha pronosticado: "Seguiremos apareciendo todos los que pasábamos por allí en algún momento".
El caso Brugal, en su opinión, es una nueva "ceremonia de la confusión" que tiene su inicio "en una cacería en la que hay tres protagonistas: un juez, un ministro de Justicia y un jefe de la Policía", y que ha convertido "el escenario político en un campo de batalla en el que todo vale".
En este sentido ha enmarcado el hecho de que conversaciones privadas y documentos que están bajo secreto de sumario se están publicando en los medios de comunicación para lograr la "pena mediática", el "descrédito" de algunas personas y la "manipulación de la opinión pública".
Preguntada sobre si contaba con pruebas que acreditaran que todo lo que está ocurriendo es un montaje, ha sostenido que el hecho de que las informaciones se están publicando en los medios de comunicación antes de que las conozcan los implicados "es prueba suficiente" de que el objetivo es crear "confusión".
