El abogado del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria, ha pedido al instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que ordene la liquidación de las cuotas presuntamente defraudadas por los cabecillas de la trama y varios ex altos cargos del PP.
Así lo pide la Abogacía General del Estado en un escrito remitido al juez, al que ha tenido acceso Efe, en el que solicita que se liquiden las cantidades que supuestamente no declararon a Hacienda 13 de los imputados, entre ellos el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el ex diputado Jesús Merino, investigados por un presunto delito fiscal.
En concreto, la Abogacía General del Estado insta al juez a encomendar a la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria que realice las liquidaciones correspondientes a las cantidades que defraudaron a Hacienda los imputados, "siempre y cuando éstas arrojen un resultado superior a 120.000 euros por cada impuesto y cada ejercicio fiscal".
El requerimiento afecta al presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, a su esposa, Carmen Rodríguez Quijano, y al ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, así como a varias empresas vinculadas a la red, entre las que figuran Special Events, Technology Consulting Management, Pasadena Viajes, Easy Concept, Servimadrid Integral, Good and Better y Diseño Asimétrico.
Además de Bárcenas y Merino, el abogado del Estado pide que se realicen las liquidaciones tributarias de los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, así como los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey, Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente. En la lista figura también César Tomás Martín Morales, ex vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla.
En el escrito, la Abogacía General del Estado concreta que las liquidaciones habrán de practicarse respecto de todos los hechos imponibles, generados en España o en el extranjero, descubiertos a raíz de la investigación, tanto por las percepciones individuales de ganancias patrimoniales y rendimientos, como por las imputables a personas jurídicas.
Los informes que la Agencia Tributaria ha remitido al juez Pedreira sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, revelan que Correa, que no hizo esos años la declaración de la renta, podría haber defraudado una cuota de más de 18 millones de euros.
