El 30 de noviembre de 2009, un vecino de la Pobla de Farnals denunció ante la Fiscalía varias presuntas irregularidades urbanísticas en la zona de la playa. Hacía un año que estaba funcionando el nuevo gobierno de la Pobla, presidido por la tránsfuga Natividad García tras arrebatarle el poder a sus ex compañeros del PP gracias al apoyo del antiguo alcalde socialista, Josep Vicent Sanchis. La denuncia era un proyectil contra el nuevo gobierno y ha tardado un año en alcanzar su objetivo. La investigación se abrió contra Sanchis, García, un ex edil de Urbanismo de EU y doce personas más, incluidas la secretaria municipal, interventores y técnicos.
Los hechos presuntamente delictivos tuvieron lugar durante el mandato del ex alcalde socialista. "Existe un número indeterminado de mercantiles y manzanas con obra ejecutada que aún no se sabe qué tipo de convenio oneroso, permuta o enajenación han pactado con el ayuntamiento, ni dónde han ingresado los excedentes de aprovechamiento urbanístico. ¿Dónde ha ido a parar el dinero de los excedentes?" La denuncia apuntaba que el consistorio dejó de ingresar cerca de 5,6 millones de euros en la caja de Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) por los excedentes.
La Fiscalía contra la Corrupción abrió diligencias de investigación. La cantidad de 5,2 millones coincidía con la de un informe del interventor municipal de 2009. El excedente de aprovechamiento urbanístico es la compensación que le corresponde al municipio por el desarrollo de un PAI. A tantos metros construidos de más, tanta cantidad de dinero. Lo que investiga Anticorrupción es si el ayuntamien?to ingresó menos dinero del que le correspondía por la urbanización de dos manzanas de apartamentos en la playa.
En el expediente urbanístico de la manzana 19 -aprobado en 2004 por todos los grupos políticos- figura que se construyeron 18.401 unidades de aprovechamiento (UA), por las cuales los promotores ingresaron en el PMS 1,7 millones de euros. Pero el denunciante asegura que las UA construidas fueron realmente 22.794, por lo que se deberían haber ingresado 5,4 millones de euros.
En el caso de la manzana 23, la promotora pagó 445.891 euros por las 2.184 UA fijadas, mientras que la denuncia aseguraba que los excedentes reales implican 3.105 UA y el pago de 2 millones. Así, la Fiscalía empezó a investigar si el municipio ingresó 5,2 millones de euros menos de lo que le correspondía, lo que también implicaría una estafa al fisco y una pregunta: ¿quién se los quedó?
