El Consejo General del Poder Judicial eligió ayer a Pilar de la Oliva, magistrada del juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tras lograr un pacto a seis bandas. El Poder Judicial cerró las presidencias de los TSJ de Valencia, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Canarias tras meses de negociaciones. El vicepresidente del Poder Judicial, el ex conseller Fernando de Rosa, consiguió imponer a su candidata después de que el sector progresista vetara al ex presidente de la Audiencia Pedro Castellano al considerar que era más conservador que Juan Luis de la Rúa.

Los conservadores, que están integrados en la Asociación Profesional de la Magistratura, han obtenido los TSJ de Valencia y las dos Castillas. Los progresistas se quedan con los de Cataluña y Canarias. El caso andaluz es especial porque no ha salido el candidato que la Junta de Andalucía quería, pero ha sido nombrado un magistrado de perfil "centrista". Fuentes próximas a la negociación explicaron a Levante-EMV que el sector minoritario finalmente cedió con el candidato que ha ganado en Andalucía y ha sido la clave para el nombramiento de la presidenta de Valencia.

El proceso para relevar al presidente del TSJ de Valencia, Juan Luis de la Rúa, se inició en julio de 2009. Fernando de Rosa tenía claro que la presidencia del TSJ de Valencia debía quedar en manos de la Asociación Profesional de la Magistratura. El ex conseller apostó en un primer momento por Castellano, pero durante un año se ha encontrado con el veto del sector progresista. De Rosa decidió hace dos meses cambiar de candidato y centró su apoyo en Pilar de la Oliva, una magistrada de Instrucción que no despierta rechazo entre los progresistas.

De la Oliva obtuvo una gran repercusión hace un mes porque durante la entrevista ante el comité de calificación del Poder Judicial advirtió de que "desgraciadamente el desorbitado crecimiento urbanístico en la Comunitat Valenciana ha generado problemas de corrupción política y ha llevado a muchas personas a 'traspasar la línea', pero creo que el Estado de Derecho ha de ser inflexible con todas esas personas". Por ello apuntó que si los juzgados funcionaran cómo deben las causas de corrupción se resolverían "mucho más rápido y estas personas sabrían que no tendrían nada que hacer porque inmediatamente el Poder Judicial actuaría de forma implacable". Fuentes cercanas al proceso negociador apuntaron que el discurso contra la corrupción no ha influido en la elección de De la Oliva.