La ruptura total de relaciones entre el PP y la oposición no afecta a los asuntos que tocan al bolsillo. Todos los grupos de las Corts (PP, PSPV, Compromís y EU) cerraron ayer un acuerdo para introducir una disposición adicional en la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2011 mediante la que se habilita legalmente el pago de una especie de subsidio de desempleo, con cargo a los fondos de las Corts, para los diputados que dejen el escaño o lo pierdan tras las elecciones. El acuerdo, cocinado desde la semana pasada y que se ha fraguado con total secretismo, está previsto que beneficie también a los parlamentarios de la anterior legislatura, que perdieron el acta tras los comicios de 2007 y han demandado a la Cámara ante el TSJ tras el bloqueo de lo que entonces era más bien un finiquito. No hubo enmienda conjunta pero todos los grupos presentaron ayer tarde, momentos antes de la finalización del plazo para presentar enmiendas, sendos escritos con redacción idéntica.

La polémica regulación aprobada en la anterior legislatura permitía que los diputados cobraran de golpe una indemnización equivalente a una nómina mensual íntegra por año de mandato, que era compatible con un trabajo en la Administración, en el sector privado o con la jubilación. La única incompatibilidad era otro cargo electo o político de libre designación. Los cálculos elevaban entonces a unos 700.000 euros el coste. Ahora los ex parlamentarios podrán cobrar mensualmente la nómina tantos meses como años fueron diputados, pero será incompatible con otro empleo o con la jubilación. Esa es, al menos, la idea que manejan, según aseguraron fuentes parlamentarias, ya que la concreción no se conocerá hasta que se apruebe el reglamento de la medida.

La disposición adicional reza así: «Las Corts, con cargo a su presupuesto, en virtud de su autonomía organizativa y presupuestaria, determinarán la indemnización a la que tendrán derecho los diputados y diputadas que cesen o hayan cesado en el desempeño de su cargo y el régimen aplicable a la misma, cuya percepción tendrá carácter mensual, todo ello al objeto de garantizar una regulación equivalente a la del resto de los trabajadores». Este último inciso ha sido clave. Inicialmente no estaba en el texto que impulsó y negoció el vicepresidente primero de las Corts, el popular Rafael Maluenda.

Según fuentes de las negociaciones, Esquerra Unida planteó otra redacción para asegurar el que de la medida no pudieran desprenderse «privilegios» para los diputados en la regulación de un sistema de paro al que hoy por hoy no tienen derecho los diputados. El PP presentó otro texto que aludía a una regulación «similar» a la del resto de trabajadores. Finalmente, la coordinadora de EU, Marga Sanz, pidió que el término fuera «equivalente», acotando de cara al futuro el reglamento. PP y PSPV podían haber aprobado el texto pero un acuerdo sin unanimidad es fuente de conflictos.

El inciso «que hayan cesado» está pensado para los ex diputados de 2007. Está por ver si sólo lo cobrarán los que aún no trabajen o los que estuvieron entonces en paro, por el periodo que les corresponda.

El PP aprieta a constructores y bingos

El proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos trae malas noticias para dos sectores en crisis. De un lado, el texto crea una tasa por dirección e inspección de obras, equivalente al 4% del precio de adjudicación, que deberán abonar los contratistas de cualquier obra pública de la Generalitat. Lo denunció ayer la portavoz socialista de Economía, Cristina Moreno, cuyo grupo ha presentado enmiendas para eliminar esta imposición. Moreno advirtió que la tasa se cobraba ya en el área de obras públicas y agricultura, pero ahora se generaliza, y se preguntó si incluirá el sector público. Además, se mantiene pese a la oposición de la Conselleria de Infraestructura, de Mario Flores, ya que un informe del subsecretario, Gaspar Peral, reclama su supresión, al entender que el resultado es «neutro», toda vez que las constructoras cargan ese coste en el precio de la obra. Eso sí, el Consell hará caja mientras a las constructores les pagan con más de un año de retraso.

La otra mala noticia afecta al sector de los bingos. El Consell regula la exención hasta 200.000 euros en los cartones pero, denunció el PSPV, exige a los empresarios que abonen por adelantado el impuesto que grava esta modalidad de juego, en lugar de liquidarlo, como ahora, con posterioridad, una vez se han jugado esos cartones.