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El estado de las finanzas públicas valencianas es crítico, muy crítico. De tratarse de una empresa privada, la Generalitat habría cerrado 2009 en situación de quiebra técnica, ya que el pasivo real que arrastraba la Administración Camps al finalizar ese ejercicio —la suma de lo que debe, incluidos los gastos no reconocidos en el balance— superaba su activo (el valor de sus bienes y derechos en general). Así se desprende del informe de la Sindicatura de Comptes 2009 que el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, entregó ayer a la presidenta de la Corts, Milagrosa Martínez, y que coincidió con la aprobación de unos Presupuestos de la Generalitat para 2011 que, a la vista de la auditoría, arrojan dudas sobre su cumplimiento. El Síndic indicó a los periodistas que se «consolida una situación de crisis muy considerable» con la «disminución casi generalizada de todos los ingresos, lo que ha llevado a unos resultados en términos presupuestarios y financieros negativos».

En concreto, el remanente de tesorería (diferencia entre fondos líquidos e ingresos pendientes de cobro y gastos pendientes de pago) se disparó de los 1.168 millones negativos al cierre de 2008 a los 1.514 al cierre de 2009; el fondo de maniobra negativo, tal como Levante-EMV adelantó en su día, que mide la solvencia económicofinanciera del Consell, fue el mayor de su historia y ascendió a 7.906 millones (derechos a corto plazo menos acreedores a corto); y el endeudamiento financiero pasó de 7.460 a 9.333 millones. En 2009, los derechos reconocidos sólo aumentaron un 1,3% respecto a 2008, tras haber caído un 0,1% ese año.

Los datos dan luz a los gravísimos problemas del Consell en el pago a los proveedores. La situación también tiene su reflejo en el balance que presenta la Administración. La Generalitat es una empresa con unos fondos propios de 800 millones, que permiten cuadrar activo y pasivo. Sin embargo, como desvela el Síndic en diferentes epígrafes, el Consell no incorporó al balance la totalidad de sus gastos reales a 31 de diciembre. A esa fecha, existían 962,6 millones en facturas en los cajones (gasto no reconocido) de Sanidad, a los que se añaden otros 101,1 de nóminas sanitarias.

En la parte de los ingresos, el auditor público señala que la provisión por insolvencias, de 401,9 millones, «debería incrementarse hasta cubrir la totalidad de los derechos que se estime dudoso cobrar». La provisión alcanzaría al menos hasta los 633,9 millones de «derechos definidos», meras expectativas de cobro pendientes de ingresar del periodo 1990-2004. Esto eso, otros 232 millones más en el pasivo. El Síndic también reprocha que no se reflejen los intereses de demora que pudieran devengarse por la aplicación de la ley de Contratos.

En total, al menos 1.295,7 millones a incrementar en el pasivo, frente a los citados 800 millones de fondos propios. Si además se añadiera la deuda del plan de inversiones de las universidades, por otros 546,6 millones, la cifra se iría a los 1.842 millones. En cualquier caso, el pasivo superaría el activo, una situación de quiebra técnica para cualquier empresa. Esta situación no tiene parangón con 2008, cuando los fondos propios eran de 3.655,7 millones, un «colchón» suficiente. En 2007, aún fue algo mayor, 3.857,6 millones. La suma de derechos pendientes de cobro es de 1.080,7 millones, 776,6 que proceden de 1990 a 2004 y 304,1 de 2005 a 2009.

11.484 millones en intereses

A estos números se añade la hipoteca de gastos comprometidos con cargo a ejercicios futuros. Un año más, el Síndic corrige la cifra ofrecida por el Consell y que sumaba ya la friolera de 32.101,2 millones, al elevarla en al menos 3.025,3 millones. En total, 35.126,5 millones. Los compromisos no computados se refieren a 1.639 millones de la deuda sanitaria; 106 millones de Feria Valencia; 703,9 del plan de financiación y otros 546 del plan de inversiones de las universidades; y un contrato de 28,8 millones. La deuda es el 64% del total: 20.470 millones, de los que 8.985 son amortizaciones y 11.484, intereses.

El Estado cifra en 3.144 millones la necesidad de financiación

El Consell tendrá que ajustar mucho más los gastos. Eso, o hallar nuevas vías de financiación, algo improbable. Según indica el Síndic, la Intervención General del Estado cifró en 3.144 millones la necesidad de financiación de la Generalitat en 2009, que es la diferencia entre lo que gastó el Consell aquel año y lo que ingresó. El ejercicio pasado la brecha se amplió respecto a 2008, cuando este déficit de financiación fue de 2.238 millones. Este dato comportó la exigencia de un Plan de Reequilibrio a tres años. En la auditoría de 2009, el Síndic vuelve a señalar que el déficit, que supone el 3,09% del PIB valenciano, conlleva un nuevo plan de reequilibrio.