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La Sindicatura de Comptes saca todos los años los colores al Consell cuando fiscaliza la contratación administrativa. El informe referido a 2009, que revela una caída del 72% en el volumen de la contratación en dos años, no es una excepción. En el 60% de los expedientes revisados, el síndic detectó incidencias significativas. Las anomalías abarcan también a tres expedientes de años anteriores de hospitales de gestión privada sobre los que se ha hecho seguimiento. Las incidencias afectan a aspectos distintos de la contratación: expedientes en los que no constan los pliegos de prescripción o en los que se omiten documentos o se presentan fuera de plazo. Mención especial requieren dos adjudicaciones "a dedo" de la Conselleria de Solidaridad en los que se solicita oferta a tres empresas de las que dos rechazaron participar. De calado es también la anomalía detectada en la concesión del aparcamiento de la nueva Fe ya que no consta la preceptiva autorización del Consell.

Por otro lado, en 14 de los 44 expedientes revisados no se garantizó que el precio como criterio de adjudicación sea determinante, mientras que en cuatro casos los criterios para evaluar las ofertas son arbitrarios. El síndic denuncia también que la Conselleria de Justicia pagó facturas al contratista de la TDT con fecha anterior a la formalización del contrato.

El relato de incidencias resulta cuánto menos llamativo en los tres expedientes de gestión privada de los hospitales de Manises, Torrevieja y Dénia cuyo importe global se eleva a 230 millones. Respecto al hospital de Manises, el síndic denuncia incumplimientos relevantes de la empresa concesionaria que no presentó, tal como le obligaba el contrato, su plan de inversiones de los cinco primeros años. El síndic echa en falta la motivación de dos resoluciones de calado del director gerente de la Agencia Valenciana de Salud (AVS): la relativa al precio per cápita y población asistida que se paga a la empresa concesionaria y aquella por la que se salvó a la empresa del retraso de cinco meses en el inicio del servicio. El síndic considera que "no se argumenta la causa exacta del retraso y si la misma es imputable o no a la administración a efectos de determinar las posibles responsabilidades". Al órgano fiscalizador tampoco le queda claro cómo se han realizado las liquidaciones anuales en los hospitales de Torrevieja y Dénia. Además, el síndic airea un dato que evidencia el gasto adicional del conocido como modelo Alzira. En 2010, la conselleria avaló un saldo favorable al concesionario del centro de Torrevieja por valor de 9,5 millones relativo a los los ejercicios de 2006, 2007 y 2008. No consta en el caso de Dénia la liquidación correspondiente a 2009.

El síndic se hace eco también de anomalías de menos entidad, que salpican a 30 de los 44 contratos. En su conjunto, prácticamente el cien por cien de los expedientes tienen pegas. Solo uno, de la Conselleria de Justicia, no tiene mácula.

El análisis de la contratación ofrece otros datos significativos de la situación crítica de las arcas autonómicas. La contratación cae en picado al pasar de un importe de 1.105 millones en 2008 a 630, un descenso del 43% que el síndic atribuye al hecho de que uno de los contratos adjudicados en 2008 ascendió a 497,1 millones de euros. Con todo, el desplome 2007. En dos años, cayó el 72%.

A favor de la gestión del Consell destaca un aumento significativo de los concursos abiertos, que suponen mayor transparencia. Pasaron a representar el 76% frente al 51% de 2008.

El órgano pide reducir los contratos menores y la compra directa

La Sindicatura recomienda en su informe que se reduzca el volumen de contratos menores, y en particular las adquisiciones realizadas por compra directa, sobre todo de productos farmacéuticos, que se deberían tramitar mediante los correspondientes expedientes de contratación. Señala que 26 de los documentos revisados, por un importe de 11,6 millones de euros, se refieren a gastos reconocidos y pagados mediante expedientes de enriquecimiento injusto. Añade que sería conveniente regular legalmente la forma de reconocer las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores que no hayan sido reconocidas en su momento, estableciendo unas normas de competencia.