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La recomendación del síndic al Consell de la necesidad de elaborar un nuevo plan de reequilibrio para enjugar el déficit excesivo de 2009 ha molestado al departamento que dirige Gerardo Camps hasta el punto de que el conseller, en un gesto poco habitual, se enfrentó ayer con la institución. Camps, que compareció en rueda de prensa para valorar el informe, consideró que la institución había cometido un "error impropio" al incluir esta petición en el informe ya que, según indicó, en noviembre de 2009 el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó que no era necesario un nuevo plan de saneamiento y que era suficiente con adaptar el que el Ejecutivo había diseñado.

Según el conseller, la Sindicatura corroboró, con datos de la Intervención General, que el déficit de 2009 representó el 3,09%, lo que suponía que se había incumplido los objetivos de déficit. La institución entendió que, por tanto, había que elaborar un nuevo plan de saneamiento. Camps achacó el "error" a que la institución cerró el plazo de alegaciones el 18 de noviembre, seis días antes de que se celebrara el CPFF. Sin embargo, fuentes de la institución, el Consell tenía de plazo hasta el tres de noviembre para comunicarle esta información. Para el conseller fue el auditor quien no quiso posteriormente cambiar el texto porque consideraba que "se ajusta a la realidad". El conseller reconoció también que hay otras recomendaciones del informe que el Gobierno de la Generalitat "no comparte" como las referidas a los intereses de demora y los compromisos plurianuales.

Por otro lado, el conseller incidió en que el informe no revela ninguna "irregularidad contable" y reconoce el cumplimiento de la legalidad por parte de la Generalitat, además de poner de manifiesto que su gestión es cada vez "más eficiente y eficaz" e incrementa el "grado de transparencia" en la información que facilita. Y resaltó que el informe reconoce también una eficacia muy elevada en determinados programas básicos de la política del Consell, como en el volumen de recursos destinados al gasto social, con aumento presupuestario de 1.172 millones.