El Consell otorga ayudas a dependientes sin realizar diagnósticos y fuera del plazo legal

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La Sindicatura de Cuentas acaba de hacer oficial lo que ya era un secreto a voces: que la Generalitat Valenciana concede tarde y mal las ayudas a las personas dependientes. En su informe anual sobre la gestión del Consell, la Sindicatura detalla con luz y taquígrafo cuáles fueron las principales irregularidades del Ejecutivo de Camps a la hora de otorgar las prestaciones en 2009. Y no son pocas. En apenas cinco párrafos, el auditor público pone en tela de juicio los métodos empleados y el tiempo que tarda la Generalitat en hacer efectivas esas ayudas.

En el primero de ellos, la Sindicatura ya avanza una anomalía de calibre. "En nueve de los expedientes revisados no consta el dictamen técnico referente al diagnóstico y nivel de dependencia, previsto en el artículo 7 del Decreto 171/2007", reza el documento. Es decir, que Bienestar Social concedió prestaciones sin tan siquiera elaborar el preceptivo informe. Los errores van más allá. El auditor público incluso destaca que los fallos del Consell a la hora de asignar los fondos podrían acarrear que algunos beneficiarios se vean obligados a devolver el dinero. "En diciembre de 2009 se han reconocido algunas ayudas sin comprobarse el cumplimiento de todos los requisitos previos en la orden reguladora, lo que puede determinar actuaciones de posibles reintegros", agrega el informe. El problema ya no es sólo el posible reembolso, que también, sino que se concedieron prestaciones sin determinar si los adjudicatarios cumplían los parámetros que marca la ley.

La tercera irregularidad manifiesta era de sobra conocida. Ahora, sin embargo, ya se ha hecho oficial que la Generalitat tarda más de la cuenta en abonar las ayudas. "En los expedientes analizados se incumple el plazo de resolución de seis meses establecido en el artículo 10 del Decreto 171/2007, así como del plazo de aprobación y notificación del Programa Individual de Atención (PIA) previsto en la Orden del 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social", puntualiza el informe.

Protestas

Esta anomalía ha sido la más criticada por los dependientes y sus familiares durante los últimos años. Manifestaciones, concentraciones, protestas aisladas... Los métodos empleados han sido múltiples y variados, pero todos han tenido un único fin: exigir al Consell que acelere la concesión de las ayudas. En gran medida, porque un elevado número de ciudadanos ha fallecido sin haber recibido ni un solo euro. Y eso, que la ley les amparaba. En Benidorm, por ejemplo, más de 80 personas dependientes han perdido la vida en los tres últimos años sin recibir la prestación. En Aspe, una localidad mucho más pequeña, la cifra se sitúa en 43. Y a mediados de 2009, en toda la Vega Baja ya habían vivido idéntica situación cerca de 300 personas.

Más de 100.000 solicitudes en la C. Valenciana

Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007, la Generalitat ha recibido 103.999 solicitudes para recibir ayudas. Sin embargo, menos de la mitad de esas personas (50.296) está cobrando ya las prestaciones, según los datos que maneja la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante. La semana pasada, más de 1.500 personas se concentraron frente al edificio Prop del Consell en la ciudad para exigir "de una vez por todas" la aplicación correcta de la ley. Los asistentes portaron pancartas y presentaron un escrito en Bienestar Social criticando a la titular del área, Angélica Such. Escasos días antes, Elche vivió otra protesta similar. Más de 100 personas se manifestaron para exigir a la Generalitat la resolución de los expedientes de los grandes dependientes todavía pendientes. Y así, por toda la provincia. Desde 2007, cuando entró en vigor la ley, ha habido multitud de actos de protesta. Sin embargo, los retrasos son todavía continuos y miles de personas continúan esperando al Consell.