La precariedad económica en la que se encuentra la Generalitat y que queda al descubierto en el último informe de la Sindicatura de Comptes generó ayer las críticas de la oposición a la gestión del Consell. Así, la secretaria de Economía del PSPV, Cristina Moreno, afirmó que la auditoría evidencia que la Generalitat "miente" y está "en quiebra", y manifestó que las cuentas son "inasumibles" y esta situación es "insoportable". En este contexto, destacó la necesidad de adoptar ya el programa "Alta Competitividad, Empleo y Democracia" elaborado por los socialistas y reducir el número de empresas públicas y de consellerias.
Moreno ve "lamentable" que la única salida del Consell sea "seguir mintiendo" y hablar del Plan Confianza, cuando la Sindicatura dice que de cada 100 euros prometidos "en el plan mentira" sólo 20 euros se han hecho efectivos. "No nos merecemos tener al presidente más mentiroso de todas las regiones europeas", apuntó.
Para el PSPV, la receta ante la crisis pasa por "el saneamiento real de la Generalitat con una reducción del 15% en el gasto corriente y una operación en la que se incluye la reducción a siete consellerias, con un Consell y una vicepresidencia". Ese programa contempla también reducir de 130 a 30 las entidades autonómicas y fundaciones, además de un pacto de estabilidad y equilibrio para 10 años que tenga como primer marco presupuestario el de 2011.
También desde el PSPV, la diputada Isabel Escudero opinó sobre la deuda del grupo RTVV que sólo se puede resolver con un plan de viabilidad, austeridad, transparencia y democracia "como el que plantean los socialistas". Los más de 1.200 millones de deuda de RTVV solo se resuelven con "un cambio de gobierno", dijo. El Consell está convirtiendo a RTVV "en un auténtico patrimonio de los acreedores y también de ese partido y de ese Gobierno".
Desde Compromís, su portavoz Enric Morera mostró su "gravísima preocupación" por el informe, que pone de manifiesto que el Consell "actúa al margen de la ley": "deberían actuar instancias jurisdiccionales para reparar la legalidad y la justicia", dijo.
Morera señaló que la preocupación "nace del nivel de despilfarro de recursos públicos en obras sin sentido y sobrecostes abultados y, lo que es más preocupante, sobre la vulneración sistemática de la Ley de Contratos con la multiplicación de contratos de obras sin publicidad ni concurrencia e infringiendo la ley". "Otro ejemplo de infracción de ley es la contratación laboral a dedo de personas, muchas de ellas vinculadas al PP, sin mérito, ni capacidad, inflando la administración de personal afín al PP, lo que supone una muestra de clientelismo político".
