Una cadena se errores y negligencias judiciales ha dado al traste con 7 años de investigación del caso Fabra. El pasado lunes, la Audiencia Provincial de Castelló dictaba un polémico auto en el que daba por prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales supuestamente cometidos por el presidente de la diputación entre los años 2000 y 2003. De esta manera, salvo que el Tribunal Supremo diga lo contrario, Fabra no tendrá que explicar de dónde le llegaron 3,7 millones de euros sin justificar.

La decisión de la Audiencia ha provocado un auténtico revuelo mediático en todo el país. El PP exigió al PSOE que pida perdón a Carlos Fabra y el propio presidente de Castelló se dio por absuelto (aunque el auto no dice ni una sola palabra sobre la absolución) en una multitudinaria rueda de prensa tras el último pleno del año.

¿Pero quién tuvo en sus manos la responsabilidad de dejar pasar el plazo de los cinco años de la prescripción? El auto, aunque oscuro en su redacción y complicado de entender incluso para expertos en Derecho, aporta sin embargo una serie de claves que, bien interpretadas, permiten concluir que el retraso en el informe de los peritos de la Fiscalía Anticorrupción, motivado por la lentitud de los bancos y cajas de ahorro a la hora de entregar los extractos sobre las cuentas de la familia Fabra, perjudicó de forma irreversible la investigación.

El fallo de la Audiencia está construido en torno a una idea fundamental: la persona investigada, o sea Fabra, ha sufrido indefensión porque el "juez instructor" no dictó una "resolución judicial motivada" que hubiera servido como acto de interposición para paralizar el plazo de la prescripción de los supuestos delitos cometidos por el mandatario popular entre 2000 y 2003.

Lo cual lleva a la siguiente pregunta: ¿tuvieron tiempo los nueve jueces y los cuatro fiscales que pasaron por Nules de impulsar ese acto de interposición antes de que transcurrieran los cinco años de prescripción? Y la respuesta es que difícilmente, porque los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción tardaron cuatro años cruciales en elaborar el informe sobre el supuesto incremento patrimonial de la familia Fabra entre 1999 y 2004. Un tiempo "excesivo" por culpa del constante cambio de jueces y fiscales, según se reconoce desde la propia Fiscalía General del Estado. Sin ese informe pericial, no había pruebas concluyentes del supuesto enriquecimiento del gobernante del PP.

Los magistrados, en su auto, llegan a asegurar que "lo que hubiera sido normal" es que la Fiscalía Anticorrupción hubiera emitido un informe sobre las cuentas de Carlos Fabra y su familia con "una mínima prontitud" para que el juez de Nules, "de oficio o a instancia de parte", lo hubiera convertido en una "imputación concreta", y así garantizar los derechos del imputado.

Sin embargo, los peritos de Hacienda no pudieron terminar ese informe sobre las cuentas de los Fabra con esa "mínima prontitud" que exige la Audiencia porque al menos una decena de bancos se mostraron cuanto menos reticentes, durante esos años, a facilitar la información requerida por la Justicia.

Desde el 28 de febrero del año 2006 -cuando la misma sala segunda de la Audiencia que hoy archiva la causa ordenó abrir una investigación- hasta abril de 2010, cuando finalmente los peritos de Anticorrupción recibían datos bancarios suficientes para terminar el informe, han transcurrido cuatro años preciosos de los que el líder provincial del PP se ha aprovechado en su carrera desesperada, plagada de recursos y más recursos, hacia la prescripción.

Y aquí surge otra duda: ¿por qué el juez instructor no tomó medidas más severas contra los directores de esos bancos? ¿Por qué no les advirtió de que la obstrucción a la Justicia podía acarrearles consecuencias penales? Una vez más, la respuesta hay que buscarla en el desastre que ha sido la instrucción del caso Fabra, en el ir y venir de jueces y fiscales que han ido tomando parte en el procedimiento desde el año 2003. Hasta nueve magistrados han pasado por el juzgado de Nules. Cada vez que llegaba un titular o un suplente, el caso Fabra sufría un nuevo retraso, ya que el recién aterrizado instructor, antes de tomar ninguna decisión, tenía que ponerse al día de un sumario que crecía hasta alcanzar un volumen de 25.000 folios. De este vacío de poder en el juzgado de instrucción se han beneficiado los bancos, que retrasaron durante cuatro años la entrega de los datos. A fecha de hoy, algunas de estas entidades financieras aún no han puesto a disposición del juez todos los extractos bancarios requeridos, según explican fuentes de la Fiscalía General del Estado. Y a pesar de ello, nadie ha tomado medidas coercitivas.

Durante meses, Levante-EMV fue publicando una serie de reportajes e informaciones en las que alertaba de que las entidades financieras no estaban cumpliendo con su obligación de informar a la Justicia sobre decenas de ingresos sin justificar de la familia Fabra. Sin embargo, la Justicia no movió un solo dedo y los técnicos de la Fiscalía seguían con las manos atadas mientras el tiempo seguía corriendo a favor del líder provincial del PP. Además, en julio del año 2010, este diario publicaba una nueva noticia en la que informaba de que la Fiscalía Anticorrupción consideraba que Fabra no tenía argumentos legales para invocar la prescripción porque el plazo de 5 años se había interrumpido con la presentación de la querella de la Agencia Tributaria correspondiente al año 99 y con aquel auto dictado por la misma sala segunda de la Audiencia Provincial el 28 de febrero de 2006, en el que el tribunal ordenaba una serie de pruebas, entre ellas la declaración como testigos de 5 ex ministros de los gobiernos de Aznar. Obviamente, esta tesis se ha demostrado errónea tras el varapalo de la Audiencia.

Hoy, 4 años después de aquel auto, la misma Sala Segunda lamenta que el juez de Nules sólo haya "sentido la necesidad de cubrir la garantía de formalizar la imputación" de los cuatro delitos fiscales tras la "llegada del informe de estos técnicos de Hacienda en abril de 2010, acordando por providencia de 30 de abril tomar declaración a los imputados, es decir, cuando el plazo prescriptivo de 5 años del último de los periodos imputados como descubierto fiscal (IRPF de 2003) ya había sido rebasado". Y así fue como, por el simple paso del tiempo, Fabra se libró de 15 años de prisión.