El Gobierno ha comenzado a cancelar de forma unilateral contratos que firmó con dueños de pisos para incluirlos en el programa de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) al no encontrar inquilinos dispuestos a pagar la renta, según denunció ayer uno de los valencianos afectados por la decisión de Vivienda. Los propietarios habían firmado contratos de cinco años de duración en los que el Gobierno se comprometía a pagarles aunque el piso estuviera desocupado. Los perjudicados aceptaron cobrar menos por el alquiler -alrededor de un veinte por ciento del precio de mercado- a cambio de tener garantizado el dinero. Los perjudicados han empezado a movilizarse a través de las redes sociales para promover una reclamación conjunta. En Facebook han abierto el enlace: "Afectados sociedad pública de alquiler", que ya cuenta con sesenta miembros.

La SPA está notificando a algunos propietarios vía SMS que no encuentra inquilinos dispuestos a pagar la renta por lo que quiere cambiar de forma unilateral las condiciones del contrato. En uno de los mensajes, según ha podido comprobar Levante-EMV, la Sociedad Pública de Alquiler advierte de que ha intentado por todos los medios encontrar interesados en la vivienda con sucesivas bajadas de precio, "incluso con una cuota inferior" a la que tiene que percibir el propietario. El SMS incide en que "con el mercado actual se ha producido un desequilibrio" por lo que insta al dueño a cambiar el contrato.

La cláusula que quiere eliminar el Gobierno establece que "en los periodos de desocupación de la vivienda, la Sociedad Pública de Alquiler garantiza que el propietario percibe la cantidad convenida". El nuevo modelo de contrato que propone la Secretaría de Estado de Vivienda, que depende del Ministerio de Fomento, ya no garantiza a los dueños de los pisos el cobro de las rentas durante los cinco años de duración en caso de que la vivienda no sea ocupada, siempre según los afectados. Este diario intentó ayer sin éxito obtener la versión del Ministerio de Fomento.

La Sociedad Pública de Alquiler ha gestionado cerca de mil ochocientos pisos en la Comunitat Valenciana, pero ha tenido problemas desde el principio. La SPA entró en quiebra técnica en 2008 al contabilizar pérdidas superiores al capital social de la compañía, por lo que el entonces Ministerio de Vivienda tuvo que hacer una aportación de 8,5 millones de euros. Actualmente, Fomento oferta 187 viviendas de "alquiler con garantías" en Valencia, 10 en Castelló y 59 en Alicante.