El criterio es la falta de criterio. Tres consellers de la Generalitat Valenciana ofrecieron ayer, por separado, tres soluciones distintas al caso de los funcionarios de la Ciudad de la Justicia que fichan y se van. Gerardo Camps abogó por sancionarlos. Paula Sánchez de León pidió "correctivos" en caso de reiterar estos fraudes. Y Rafael Blasco descartó la apertura de expedientes a los funcionarios pillados porque nadie ha presentado denuncia contra ellos.

El vicepresidente de Economía, Gerardo Camps, quien en la actualidad detenta las competencias sobre función pública, descartó que su departamento vaya a adoptar medidas extraordinarias para controlar el cumplimiento de los funcionarios de su jornada laboral. Preguntado en rueda de prensa sobre si creía necesario extender a otros ámbitos las medidas anunciadas por el Ejecutivo para supervisar a los empleados públicos de la Ciudad de la Justicia, Camps rechazó de plano esta posibilidad al considerarlas innecesarias.

Según el conseller "no hay que variar las medidas de carácter general que existen en estos momentos para el control del funcionariado", sino que habrá que "sancionar con carácter individual aquellas conductas que desde luego no se corresponden con la función que debe realizar cualquier empleado público en la tarea que tienen encomendada" ya sean de incumplimientos de horarios o de trabajo.

Eso sí, Camps quiso romper una lanza a favor de los funcionarios y aseguró que "la inmensa mayoría" cumple perfectamente con sus funciones, ya sean de horarios como de trabajo, por lo que, concluyó, no existe una conducta generalizada como la denunciada en la Ciudad de la Justicia que redujo a "ejemplos muy puntuales de quien no realiza su función como debería".

Para el conseller de Economía estas situaciones individuales "no nos debería llevar al error de imponer medidas de carácter general para cuando lo que hay que sancionar son conductas de carácter individual" porque entonces, argumentó, "estaremos tratando a todos los funcionarios de la Generalitat como si fueran aquellos que incumplen y no es así".

El titular de Economía añadió que ninguno de los sindicatos han reclamado en la Mesa General ni en ninguna Mesa Sectorial que la Administración adopte medidas "más allá" de las que se disponen en estos momentos.

Por su parte, la consellera portavoz, Paula Sánchez de León, añadió que se van a establecer "medidas de control más directas" para evitar este "fraude" para que "estas excepciones no perjudiquen el normal funcionamiento de del trabajo" de los empleados públicos. Sánchez de León confirmó que habrá personal encargado de establecer un control directo de la asistencia al trabajo y que se "harán los correctivos oportunos" si se vuelven a repetir estas situaciones de fraude.

Blasco pide medidas

La tercera versión llegó de parte del conseller de Solidaridad y Ciudadanía y responsable también de Justicia, Rafael Blasco. El veterano conseller descartó la apertura de expedientes a estos empleados públicos "porque para eso tiene que haber alguien que acuse concretamente a las personas que han actuado de esa forma" y apostó por implantar medidas para controlar que estos hechos no vuelvan a repetirse. Tal como reveló Levante-EMV, diversos funcionariosacudían a primera hora a la Ciudad de la Justicia, fichaban y luego se marchaban, en algunos casos, a llevar a sus hijos al colegio y, en otros, a aparcar el coche. Tras el escándalo, el propio Blasco, quien tiene delegadas las competencias de Justicia, anunció que su departamento iba a estudiar un "correctivo" para estos empleados públicos.

Ayer, el conseller destacó que en su día ya manifestó que este tipo de conductas le parecía "reprobable desde el punto de vista profesional e indigna", ya que suponía "poner en cuestión a un colectivo amplio de funcionarios que en su inmensa mayoría cumple sus obligaciones". "Esta cuestión -insistió- merece no sólo la reprobación pública, sino el que se tomen algunas medidas de carácter informativo inicialmente, para después derivar en acciones para impedir estas actuaciones".

Necesidad de acusación

"En eso es en lo que se está", agregó, para añadir que "no se trata tanto de abrir expedientes disciplinarios, porque para eso tiene que haber alguien que acuse concretamente a las personas que han actuado de esa forma, sino de asumir medidas para evitar que estas actitudes se puedan repetir". Fuentes del departamento indicaron que si ninguna instancia judicial actúa tras hacerse públicos los hechos, la conselleria difícilmente puede dar el paso, algo que obligaría a la identificación previa de los responsables.

La apertura de una investigación de oficio ha sido descartada. El Consell, según las mismas fuentes, se da por satisfecho con el "bochorno público" sufrido por estos empleados y está convencido de que la denuncia periodística ha puesto fin a estas prácticas. A partir de ahí, no se quiere entrar en un conflicto que acabaría enfrentándolos directamente con los funcionarios. Inquirido sobre la posibilidad de que la conselleria designe controladores de incógnito para vigilar estas situaciones, Blasco indicó que "no es partidario" y que existen "otras fórmulas para controlar estas actitudes".