Los colegios concertados de Educación Especial de la Comunitat Valenciana ya no pueden más. Desde hace trece meses, los centros, que tienen subvencionado el transporte y el comedor de los alumnos debido a que los niños -todos ellos con discapacidad- no podrían asistir al colegio sin estos servicios, no ven ni un duro de las ayudas públicas, lo que está llevando a muchos de ellos al borde del colapso.

Algunos de los centros ya han enviado circulares a los padres para comunicarles que este mes tendrán que ser ellos los que afronten esos gastos -que rondan los 500 euros mensuales por cada menor debido a las especiales características que requiere un niño con discapacidad-, mientras que otros ya los vienen abonando desde hace algún tiempo. La Conselleria de Educación, por su parte, admitió ayer "retrasos" y anunció que, "en los próximos días, se efectuará el pago".

La situación ha llegado a tal punto que las más de 600 familias cuyos hijos asisten a los colegios concertados de Educación Especial han decidido presentar una misma carta por registro de entrada en Educación en la que exigen a su responsable, Alejandro Font de Mora, que haga efectivo el pago de las subvenciones. La misiva se remitirá asimismo, multiplicada también por 600, a la conselleria a través del buzón de sugerencias de su web con la intención de colapsarla y hacer notar así su malestar, tal como señala Vicente, uno de los progenitores.

Fórmulas de funcionamiento

En la Comunitat Valenciana existen actualmente 16 centros no públicos de Educación Especial: quince concertados y otro más conveniado. "Los centros concertados cubren la carencia de centros públicos que atiendan las necesidades educativas específicas de estos alumnos, por lo que cumplen una función social indispensable", explica Vicente Pérez, presidente del AMPA del Colegio Público de Educación Especial Sebastián Burgos, ubicado en la ciudad de Valencia.

Dentro de los centros concertados, el funcionamiento varía según cada colegio. Los hay que cobran a los progenitores el coste mensual del transporte y del comedor de sus hijos para, una vez que se recibe la subvención, reintegrarles el dinero. Otros, optan por solicitar créditos bancarios -avalados por los bienes de los padres- con los que afrontan esos gastos de autobús y comedor de los pequeños. Al llegar el dinero de las ayudas públicas, se entrega al banco y se salda el préstamo. El problema surge cuando no cobran la subvención, como les ocurre en la actualidad.

Intento de recorte

Hace ya 14 meses, en diciembre de 2009, los familiares de los niños con discapacidad se echaron a la calle para protestar por la intención del Consell de recortar en un 35% el presupuesto para subvencionar el comedor y el transporte de los centros concertados de Educación Especial, cuantificado en 1,9 millones de euros.

El tijeretazo pretendía reducir hasta los 1,2 millones -"una cantidad totalmente insuficiente", según una de las madres- el dinero destinado a los transportes especiales de estos niños, que no pueden acudir al colegio si no es de esta forma, y al comedor, que debe recurrir a menudo a personal especialista por la peculiaridad que presentan los menores, muchos necesitados de sondas nasogástricas para poder comer.

Tras sus protestas, la Generalitat Valenciana rectificó y desechó seguir adelante con el recorte. Lo único que falta ahora es que se haga el efectivo el dinero de las ayudas y que los padres no tengan que poner dinero de su bolsillo para sufragar unos servicios que, en realidad, corren a cargo de la Conselleria de Educación.