La Generalitat Valenciana anuló ayer los sistemas de control biométricos, de huella, en los accesos por la parte trasera de la Ciudad de la Justicia de Valencia y los de una calle lateral para acabar con el fraude que cometen decenas de funcionarios que fichan y se marchan.

La Dirección General de Justicia comunicó a los sindicatos que a partir de las 12.00 horas de ayer el sistema dejaría de estar operativo en la parte trasera y en la lateral para que los 1.419 funcionarios fichen por la puerta principal, donde a diario trabajan cinco guardias civiles, o en el aparcamiento donde dejan sus vehículos.

El traslado de los controles impedirá que los funcionarios que cometen fraude paren sus vehículos junto a la puerta trasera para fichar y luego se vayan, ya que la puerta principal está en una gran explanada peatonal.

La conselleria ha adoptado la decisión tras la denuncia pública de Levante-EMV, que reveló que medio centenar de funcionarios fichaban a diario y se iban.

CC OO emitió ayer un comunicado para mostrar su rechazo por la anulación de los controles de huella en la puerta trasera y en la calle Ricardo Muñoz Suay. La formación sindical entiende que Justicia "sólo pretende ocultar el problema". Sin embargo, todos los detectores van a ser instalados junto a los que ya hay en la puerta principal, que es por donde acceden los ciudadanos que podrán observar si algún funcionario se escaquea.

Fuentes de la Conselleria de Justicia precisaron que, además, ya tienen preparado el sistema de "control aleatorio de presencia", que -como ya informó este periódico- consistirá en que funcionarios de incógnito verificarán si los empleados públicos de la Ciudad de la Justicia están en su puesto de trabajo.

Además, Justicia quiere incrementar la vigilancia del cumplimiento de horarios en los juzgados que carecen de detectores de huella ya que, según algunos secretarios judiciales, el descontrol es mayor. Los responsables de la conselleria se van a reunir el 11 de febrero con los representantes de los secretarios judiciales -que son los encargados de controlar la presencia de los funcionarios en su puesto de trabajo- para acordar nuevas medidas contra el fraude laboral.

La Conselleria de Justicia también ha convocado el 10 de febrero a los sindicatos a una reunión para informales de los cambios. CC OO advirtió de que acatará las modificaciones "siempre que se respeten la legalidad y nuestros derechos. No vamos a mantener actitudes corporativas en defensa de comportamientos irregulares, pero tampoco aceptaremos linchamientos públicos de quienes cumplen sus obligaciones".

La Conselleria de Justicia implantó el control biométrico en noviembre de 2006 para evitar el absentismo después de que los jueces valencianos se quejaran de que algunos funcionarios trabajaban una media de veinte horas a la semana.

Horario fijo y flexible

El sistema de horarios de la Administración de Justicia está muy reglado. Los funcionarios de la Conselleria de Justicia están obligados a realizar treinta y siete horas y media a la semana. La parte principal del horario, que la conselleria denomina tiempo fijo o estable, es de cinco horas y media, a cumplir de lunes a viernes entre las 8.30 horas y las 14.30 horas. La parte flexible -que son las otras dos horas diarias que deben trabajar- se la pueden distribuir entre las 7.30 y las 9 horas, y entre las 14 y las 19 horas. La resolución del calendario laboral precisa que el incumplimiento "injustificado de la jornada" dará lugar a una reducción del sueldo. La Conselleria de Justicia sólo ha podido implantar el sistema de control de horarios mediante huella en los juzgados de las ciudades de Valencia -que concentra a un 33% del personal-, Castelló y Elx por la oposición de los sindicatos y los funcionarios.