El punto 2 del artículo 11 de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias dice que «las partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua».
Tras el cierre de los repetidores de Acció Cultural del País Valencià a causa de las multas impuestas por el Consell, este precepto se esgrime ahora como un argumento para reivindicar las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana, ya que se trata de la recepción de la señal de una cadena vecina con una «lengua hablada de manera idéntica o parecida». El texto normativo, promulgado en 1992, fue ratificado por España —y otros países de la Unión Europea— en el año 2001, cuando el PP gobernaba en La Moncloa. Lo que suele pasar desapercibido es que uno de los ponentes del PP en la tramitación de la citada carta europea en el Congreso de los Diputados fue el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El entonces vicepresidente del Congreso formó parte de la comisión que redactó el documento de ratificación de la mencionada carta. También estaban los parlamentarios del PP Alicia Castro y Francisco Ricoma, el del PSC Lluís Maria de Puig y otros cinco miembros de otros grupos minoritarios.
El Consell ha llevado a cabo en los últimos años una campaña en los tribunales contra las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana. El caso alcanzó su mayor tensión el pasado mes de febrero, cuando Acció Cultural del País Valencià (ACPV) decidió el cierre de los últimos repetidores que difundían la señal de TV3 en tierras valencianas al no poder hacer frente a las multas de la Generalitat por el mantenimiento de estas emisiones (de hasta 600.000 euros al mes).
La Generalitat alega que está dispuesta a permitir que las cadenas autonómicas catalanas se vean en la C. Valenciana, pero reclama para ello al Ministerio de Industria un nuevo múltiplex, algo que el Gobierno niega porque hay canales sin ocupar en los dos ya asignados.
