26 de marzo de 2011
26.03.2011

Los jueces quieren limitar el número de testigos en los juicios para agilizar las vistas

Los magistrados valencianos proponen eliminar los juicios de faltas como los de peleas de vecinos para acabar con el colapso judicial

26.03.2011 | 03:07

Los jueces valencianos quieren limitar el número de testigos en los juicios para agilizar las vistas. La medida forma parte de las setenta propuestas que han elaborado los magistrados para acabar con el colapso judicial. Los responsables judiciales tratan de que el Ministerio de Justicia las incluya en la reforma que está tramitando el Parlamento. El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, explicó que el Consejo General del Poder Judicial ya ha asumido algunas iniciativas.
Pedro Viguer indicó ayer que el problema de fondo del colapso judicial es el incremento de la litigiosidad en los últimos diez años. El decano precisó que el número de asuntos se ha duplicado en los últimos diez años y, sin embargo, la plantilla de jueces sólo ha crecido un veinte por ciento. El magistrado lamentó que la consecuencia es una pérdida de eficacia.
El juez insistió en que la solución pasa por adoptar medidas de largo alcance para reducir la carga de trabajo de los juzgados y agilizar los procedimientos. Viguer subrayó que es absurdo que un asunto de tráfico de 150 euros conlleve un año de trabajo. "El sistema es igual para un caso de 150 euros que para un asunto de tres millones", advirtió. El magistrado incidió en que el sistema es "hipergarantista".
Los jueces valencianos proponen eliminar los juicios de faltas. El colectivo cree que no tiene sentido que un magistrado que instruye grandes asuntos de narcotráfico o de prostitución invierta un día de la semana en juicios de faltas de "casos irrelevantes". "Los magistrados tienen una sensación de pérdida de tiempo. En un juicio de faltas por una disputa vecinal pueden llegar a intervenir un juez, peritos, agentes de la policía, un fiscal, letrados y procuradores. El coste puede rondar los cinco mil euros y el resultado final sólo es una sanción leve". señaló. El decano recordó que las sanciones económicas de la Dirección General de Tráfico son más altas que las que imponen los jueces por lo que considera que es absurdo activar la maquinaria judicial para asuntos menores. "El problema es que son casos que entorpecen y la sensación de lentitud de la Justicia beneficia al infractor", subrayó.
La magistratura también quiere acabar con la posibilidad de interponer recursos por todo -como está haciendo el jefe del Consell en la causa de los trajes- ya que eternizan los procesos. Pedro Viguer -que no se refirió a ningún caso concreto- está convencido de que la opción de recurrir sin límite "es una locura que retrasa en exceso los procedimientos".
Los jueces valencianos creen que es necesario que la policía deje de remitir en papel todas las denuncias cuando no esté identificado el autor del delito. Además, consideran que se debería pagar una tasa para interponer una querella o una denuncia de carácter económico.
Los magistrados apuestan por que la policía se encargue directamente de controlar la presentación de las personas que están en libertad condicional y que hasta ahora deben acudir cada quince días al juzgado. Los jueces tratan de evitar un nuevo caso Mari Luz - que puso al descubierto las deficiencias de un sistema judicial lento y obsoleto- e inciden en que la policía tiene más medios para controlar a las personas que están en busca y captura. Los magistrados valencianos ya han mejorado el sistema con la oficina de presentaciones en la Ciudad de la Justicia que ha permitido localizar a 50 personas en el mes que lleva en marcha, pero reiteran que la responsabilidad debe recaer en la policía.

Plazos de ejecución
Pedro Viguer insistió en que en la jurisdicción civil es esencial acortar los plazos de la ejecución de los desahucios. El Ministerio de Justicia ha incorporado en la reforma que está tramitando una propuesta de los jueces valencianos que permitirá reducir los tiempos de lanzamiento del inquilino moroso a la mitad. Con la medida, el propietario podrá ir directamente al juzgado, interponer una demanda contra el inquilino y en el noventa por ciento de los casos se producirá el desalojo en un plazo máximo de tres meses.
El juez decano defendió que es esencial limitar a tres el número de testigos en los juicios civiles para evitar alargar de forma innecesaria las vistas con testimonios que son reiterativos.
En la jurisdicción Contencioso Administrativa, los jueces valencianos reclaman que se estudie la posibilidad de arbitrar mecanismos para evitar que los ciudadanos puedan litigar contra la Administración cuando se trate de sanciones de escasa cuantía como multas de tráfico. Además, apuestan por introducir el copago para que "no sea gratis pleitear" contra la Administración.
Pedro Viguer destacó que los jueces valencianos creen que la reforma judicial "se ha quedado corta" y confió en que el Ministerio de Justicia tenga en cuenta sus propuestas.

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