La Fiscalía aclara que Camps "no queda excluido" de la causa de financiación del PP

Según han indicado fuentes de Anticorrupción a Europa Press, en el escrito, de fecha 24 de marzo, pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que acepte la inhibición en los mismos términos en los que se planteó por el magistrado instructor de la causa en el TSJM, Antonio Pedreira.

En esa resolución, de mayo de 2010, el instructor en el TSJM afirmaba que, en relación con la conexidad de los hechos investigados con los que son objeto de la 'causa de los trajes' que se sigue en el TSJCV, la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos en esa causa "impone su investigación conjunta con la contratación de Orange Market SL tanto con el PPCV como con la administración de esa comunidad autónoma a fin de comprobar la posible relación entre los regalos investigados" en el procedimiento tramitado ante el TSJCV y los cargos desempeñados por Rafael Betoret, Víctor Campos, Ricardo Costa y Francisco Camps en la Generalitat y en el partido.

En su escrito ante el TSJCV, la Fiscalía Anticorrupción, que no incluye al presidente de la Generalitat, concreta cinco delitos y posibles autores: electoral de 2007 y 2008, en cuya comisión habrían podido participar los parlamentarios Ricardo Costa; David Serra; Yolanda García y el también vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, administradores del PP y empresarios y gestores de Orange Market; falsedad en documento mercantil, con presunta autoría de determinadas empresas; contra la Hacienda Pública, atribuible a Orange Market y contra la administración pública.

En este supuesto, en relación con contrataciones irregulares de la Generalitat, cita a Rafael Betoret y añade que cree que debe ser investigada por el tribunal valenciano la participación de la actual presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, en las contrataciones realizadas cuando estaba al frente de Turisme, que no se incluía en el auto de Pedreira.

En relación con las personas que habrían podido participar en estos hechos, destaca que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administraión del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías así como que en alguno de los casos "era preceptiva autorización por el Gabinete del Presidente".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que el TSJCV es el órgano competente para conocer de los hechos delictivos que se contienen en los autos de inhibición del TSJM, una competencia determinada por el aforamiento de algunos de los "eventuales partícipes" y que habría de extenderse también a los no aforados para no romper la "continencia" de la causa.

El fiscal alega que este principio y la norma competencial hacen procedente la investigación en una única causa porque existe como elemento común la participación de Orange Market y se incluye "dentro de una misma estrategia consistente básicamente en la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato de favor tanto en la contratación pública como en el ámbito de las formaciones políticas coincidiendo en algún caso responsabilidades en uno y otro ámbito en una misma persona".

En esta línea, en relación con la procedencia de que se acumule al procedimiento ante el Tribunal del Jurado tramitado ante el TSJCV --la 'causa de los trajes'--, el fiscal afirma que no se trata "tanto de la conexidad delictiva sino de que la propia calificación jurídico penal de la contratación pública determina la calificación jurídico penal de la percepción de prendas de vestir; en algunos casos, por tanto, no es una cuestión de conexidad entre distintos delitos sino de que unos y otros hechos han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación" del delito de cohecho.

De hecho, sostiene que la tipicidad última "podría verse alterada en relación con los hechos atribuidos a alguno de los imputados si finalmente se vinculara la entrega de los regalos con la contratación con el PPCV y no con las entidades públicas". También cree que, en ese caso, resulta "ineludible" la conexión de los hechos referidos a la contratación de TVV con la causa de los trajes, ya que se atribuye al ex director general del ente, Pedro García, la percepción de regalos en contraprestación a la adjudicación de un contrato en el ejercicio de sus funciones.

VINCULADOS A ORANGE MARKET

El fiscal señala en su escrito que los hechos de los que se acuerda la inhibición están vinculados "básicamente" con la actividad de Orange Market y Orange Factory y que, de acuerdo con el auto de inhibición, podrían constituir un delito electoral relacionado con las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2007 y generales de 2008; falsedad en documento mercantil; y contra la Hacienda y administración pública.

En relación con el primero, el fiscal señala que las personas que podrían haber participado en él son los diputados en las Cortes Valencianas Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García y el vicepresidente primero del Consell y consejero de Industria, Vicente Rambla; los administradores generales y de las candidaturas del PP en ese año, Luis Bárcenas y Cristina Ibáñez; y las personas identificadas como 'el cantante' y 'el príncipe', porque realizaron pagos a Orange Market por cuenta del PPCV.

Asimismo, incluye a los gestores efectivos y trabajadores de Orange Market Francisco Correa; Pablo Crespo; Alvaro Pérez 'el Bigotes', Cándido Herrero; José Luis Izquierdo y Mónica Magarinos y los gestores de FACSA, Pavimentos del Suroeste; Grupo Vallalba; Constructora Hormigones Martínez y Piaf como pagadores de la deuda.

En este caso, señala que, de acuerdo con los indicios que obran en la causa, el delito se habría cometido por el pago de los servicios prestados por Orange Market al PPCV por personas distintas al verdadero deudor y por el propio partido con "fondos opacos" por un importe de 2.565.891 euros, que no habría sido reflejados en las cuentas de la formación.

Respecto a 2008, la operativa sería "idéntica" aunque, además intervendrían el empresario Enrique Ortiz, vinculado a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos; Enrique Gimeno, vinculado a FACSA y gestores de PIAF, Lubasa y sociedades de SEDESA.

CONTRATACIÓN CONSEJERIAS Y TVV

Sobre los delitos contra la administración pública, el fiscal cita al auto de inhibición parcial de mayo de 2010 para subrayar que resultan indicios de este delito por la contratación de empresas vinculadas a Correa con numerosas consejerías de la Generalitat --cita el caso de los expedientes de Fitur entre 2005 y 2009-- y con la Televisión Autonómica Valenciana (TVV).

En relación con la contratación con TVV, dice que los hechos se vinculaban con la contratación por parte de Pedro García con Teconsa, cercana a Correa, para el alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía, por importe de 7.493.600 euros, con motivo de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de las Familias.

El fiscal indica "numerosas irregularidades" y agrega que, según la documentación, a Pedro García, además de otros presentes, le regalaron prendas de vestir compradas por los imputados en los mismos locales en los que se adquirieron las entregadas a los dirigentes del PPCV y Consell imputados en el TSJCV en la 'causa de los trajes'.

En esta línea, subraya que consta indicios de la entrega de regalos "a distintos cargos públicos vinculados" con la contratación con las Consejerías "de modo que los hechos podrían ser constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación, de delitos de cohecho y de prevaricación".

"PENDIENTE DE INVESTIGAR"

Así, apunta a que en estas contrataciones habrían participado gestores de Orange Market y "los distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar", aunque apunta que uno de ellos es, en relación con Fitur, Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación, imputado en la causa de los trajes'. En este punto, apunta que al menos en 2005 y 2006, quien intervino como responsable como consejera fue Milagrosa Martínez, cuya participación cree que debe ser investigada por el TSJCV.

En relación con los contratos de la Generalitat y los participantes, el fiscal señala que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado, "se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías así como que, en algunos casos, era preceptiva autorización por el Gabinete del Presidente".

Al respecto, Fiscalía cree que "no es descartable" la participación de personas que ostentaron "importantes competencias" con las consejerías con las que se contrató "y que actualmente desempeñan cargos públicos que le atribuyen aforamiento" ante el TSJCV.