La causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres destacados dirigentes populares (el diputado y exsecretario general del PP, Ricardo Costa; el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de Gabinete de Turismo, Rafael Betoret) entró ayer en una fase decisiva que sitúa el jefe de los populares valencianos al borde del banquillo en puertas de la campaña electoral.

El juez José Flors, que instruye la causa contra los cuatro imputados por un presunto delito de cohecho impropio por supuestamente haber aceptado regalos en forma de prendas de vestir de las empresas de la trama Gürtel, ha dictado un auto (hecho público ayer) en el que tumba las alegaciones de las defensas -que solicitaban el archivo- y acuerda la celebración de la audiencia preliminar, el último trámite para decidir sobre la apertura del juicio oral. La vistilla es una figura prevista en la ley del Jurado para escuchar a las partes sobre si procede o no sentar en el banquillo a los imputados. Una vez se celebre, según la ley, el juez tiene un plazo máximo de tres días para pronunciarse sobre el juicio. Eso sí, el auto no pone fecha a la celebración de audiencia preliminar, ya que Flors ha decidido esperar a que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana resuelva los distintos recursos planteados por las partes y que todavía están pendientes de resolver. Eso sí, deja claro que cuando este horizonte esté despejado "deberá procederse al señalamiento del acto para el día más próximo, librando los despachos necesarios para la citación de quienes deban concurrir como testigos y peritos".

El auto supone un nuevo revés para los intereses del candidato Camps, quien tiene cada vez más cerca el temido escenario de enfrentar la campaña electoral con un juicio por cohecho impropio pendiente. Pero además la defensa de Camps tampoco ha logrado que Flors acepte la mayoría de las diligencias y pruebas testificales solicitadas para el acto de la audiencia preliminar. Así, Flors rechaza que testifiquen los cabecillas de la trama Francisco Correa y Cándido Herrero. Tampoco acepta que declare su escolta y el conductor oficial que presenciaron cómo Camps les pidió dinero para pagar en metálico una de las prendas, en concreto una americana azul. Flors rechaza esta petición por "su absoluta inutilidad", ya que recuerda que sobre esa prenda concreta no se ha realizado imputación alguna "y cuya compra, del modo que el expresado señor se refiere, nadie pone en duda". Fuentes del entorno del presidente opinaron ayer que, pese a negar estos testimonios, el auto viene ha ratificar la versión del jefe del Consell de que paga sus compras en metálico

Con todo, en el entorno de la defensa del presidente ha causado más respiro el que en la vistilla comparezcan los inspectores de la Agencia Tributaria y el Censor de Cuentas que emitieron sendos informes periciales sobre el modus operandi de la trama corrupta y la empresas Forever Young y Milano de donde supuestamente salieron los regalos. La defensa de Camps considera clave las aclaraciones que estos peritos puedan ofrecer en la vistilla, ya que ninguno de los informes son concluyentes respecto al pago de las prendas por la trama corrupta. Los informes, que fueron solicitados en su día por las fiscalas, ponen en solfa la contabilidad de las empresas.

Sin embargo, Flors ha declarado pertinente la testifical del sastre José Tomás (quien sostiene que Camps nunca le pagó los trajes que le confeccionó y recibió el dinero de Pablo Crespo) y de otros dos trabajadores de la mercantil Forever Young sobre la posible manipulación de ficheros informáticos referidos a ventas de prendas de vestir. Estos testigos fueron solicitado por el fiscal y la acusación particular, que mantienen que la empresa pudo haber manipulado su contabilidad para borrar el rastro de Camps como cliente en una de las prendas. La destrucción de pruebas habría tenido lugar después de que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso Gürtel, se reuniera con el propietario del establecimiento.

También se aceptado que testifique la cajera Raquel Vázquez, como pedía Camps y la fiscalía.