La principal diferencia entre cómo hacía negocio la trama Gürtel en Madrid o en Valencia radica en el uso del urbanismo como medio o fin. En los ayuntamientos madrileños, las empresas de Correa ejercían de conseguidoras de contratos para constructoras como UFC, Martinsa o Constructora Hispánica. Convencían a políticos como los responsables de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla (Tomás Martín Vasco y Alfonso Bosch) previo pago de comisiones, según la investigación judicial.

En Valencia, el nicho de negocio estaba en los contratos de la Generalitat y del PP y el cemento era sólo un fin, una inversión. Así, Correa intentó a través de terceros hacer negocio en el PAI Pie de Monte, en la Nucia, utilizando a la firma Hator Consulting. O, por mediación de la patrimonial Castaño Corporate invirtió en el PAI de l'Algar 756.000 euros de las comisiones a cuenta de la visita del Papa a Valencia.

Ese es el esquema con el que trabajó Orange Market y sus filiales. Ayer, el síndic socialista en las Corts, Ángel Luna, expresó su "convencimiento" de que actuaban igual aquí que en Madrid. Auguró que pronto se destapará algún escándalo urbanístico vinculado a Gürtel. "No descarto", apuntó, que eso suceda en "precampaña o campaña electoral". Preguntado por este diario por si esa sospecha obedecía a una información o a un mero presentimiento, Luna explicó que su conjetura responde a la constatación de que conforme se van abriendo cajas del sumario van apareciendo nuevos documentos, como la agenda de Pablo Crespo que informaba de una reunión, incluso con el el "presi", que ratificaba la participación del PP en el "montaje" del PSD. Las tramas delictivas "no son muy ordenadas cuando guarda papeles y contraseñas", ironizó. Luna advirtió que conociendo cómo ha operado la trama en el resto de España, "algún tema urbanístico tiene que haber". Eso explicaría el "cierre de filas" en las listas. Porque entiende que el negocio Gürtel "ha ido más allá de los 20 o 30 millones". Por ahora, constructoras de obra civil están implicadas en la presunta financiación ilegal del PPCV, pero no se conocen irregularidades en los contratos que pescaron del Consell.

El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, tildó de "inaudito" el vaticinio de Luna y le preguntó si tiene "información privilegiada, como con el informe secreto que aireó en las Corts y por el que ha sido juzgado".