El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investigará un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con la firma Orange Market.prevaricó y cometió cohechoen contratos con la firma Orange Market.

Según el auto de 62 páginas dictado por el magistrado José Francisco Ceres y hecho público hoy por el TSJCV, la Sala de lo Civil y lo Penal ha acordado asumir esas tres investigaciones, procedentes del Tribunal Superior de Justicia madrileño, y se plantea unir esta causa a la denominada de "los trajes" donde está imputado el president de la Generalitat, Francisco Camps.

El Tribunal valenciano decide investigar así, por un posible delito electoral, a Luis Bárcenas y Cristina Ibáñez como administradores del PP; a los diputados valencianos Vicente Rambla (también vicepresidente del Consell), Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García y a los gestores de Orange Market Cándido Herrero, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa y José Luis Izquierdo.

Por este mismo delito se investigará a los gestores de las mercantiles Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructoras Hormigones Martínez y PIAF, así como a personas no identificadas "El Príncipe" y "El Cantante".

Por otra parte, se investigará un delito de falsedad en documento mercantil atribuido a los citados diputados, a los gestores de Orange Market, a los de las sociedades Facsa, Enrique Ortiz e hijos, PIAF, Lubasa, Fundación Sedesa, Sedesa Inversiones y Sedesa Obras y Servicios y a las dos personas no identificadas.

Asimismo, el TSJCV considera que es supuestamente atribuible un delito de prevaricación y cohecho (por los contratos de Fitur de 2005 a 2009) a Milagrosa Martínez (exconsellera de Turismo y presidenta de Les Corts), Rambla y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Conselleria), así como a los gestores de Orange Market.

Sin embargo, la Sala ha acordado declararse no competente para investigar al exdirector general de Radiotelevisión Valenciana Pedro García por cohecho y prevaricación en los contratos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006, otras contrataciones de la Generalitat con Orange Market y otras empresas del grupo de Correa, ni tampoco posibles delitos fiscales de estas sociedades.

Una vez asumida la competencia para investigar los citados delitos, el TSJCV se plantea la posibilidad de acumular esta causa "por conexidad" a la del procedimiento abierto por cohecho impropio en el que están imputados Camps, Costa, Betoret y el ex vicepresidente Víctor Campos, como reclama la Fiscalía y la acusación popular constituida por parlamentarios socialistas.

Respecto a la solicitud de acumulación, la sala ha dado traslado a las partes, por cinco días, de la misma para que puedan realizar alegaciones sobre su procedencia o solicitar la separación de los hechos asumidos en el presente auto.

En el apartado de razonamientos jurídicos, los magistrados han apuntado como "singularidad concurrente" que "las irregularidades en la contratación -entre la administración y Orange Market- podrían estar relacionadas con los regalos recibidos por las cuatro personas imputadas por cohecho pasivo impropio tramitado en esta sala".

Respecto al delito de financiación ilegal del partido, el auto considera que Camps "no aparece mencionado en concepto de autor ni partícipe", y que "las menciones episódicas y genéricas que se realizan al mismo en alguna de las conversaciones telefónicas no tienen la necesaria concreción fáctica".

El auto repasa por orden cronológico las principales actuaciones, informes policiales y judiciales y recursos presentados por las partes, así como los argumentos jurídicos por los que ha aceptado la inhibición planteada en mayo de 2010 por el TSJM.

Así, se recoge que "según el auto del 5 de marzo de 2009 de la Audiencia Nacional, la organización de Francisco Correa se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional" y que una vez ésta se desvinculó de la organización del partido, la trama creó Orange Market, trasladada a Valencia.

"Así, dicha sociedad, sin experiencia en la organización de eventos del partido, obtuvo la realización de los 'stands' de la Comunitat Valenciana para cuatro ferias de turismo", añade.

Contra este auto podrá presentarse recurso de súplica en el plazo de tres días.

El PPCV ha remitido un comunicado en el que quiere "dejar claro y fuera de toda duda la honorabilidad de todas aquellas personas" a las que se refiere el auto publicado este jueves por el TSJCV.

En este sentido, muestra su respeto, "como no puede ser de otra manera", la actuación de la justicia. También agrega que el auto del TSJCV es "estrictamente competencial", es decir, "únicamente se declara competente para investigar, pero ni juzga ni imputa a nadie".

Por último, el PPCV recuerda que las cuentas del partido están "debidamente auditadas tanto interna como externamente y por el Tribunal de Cuentas".

Sánchez de León: "Sentarse en un banquillo no equivale a que Camps no pueda gobernar" La directora de campaña del PPCV y consejera portavoz de la Generalitat ha rechazado este miércoles "rotundamente" que la posibilidad de que se abra juicio oral al presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, por la llamada 'causa de los trajes' del 'caso Gürtel' signifique que no pueda seguir gobernando. "Niego rotundamente que sentarse en el banquillo equivalga a que el presidente no pueda seguir gobernando porque así se lo han pedido los ciudadanos", ha aseverado. Sánchez de León --que ha realizado estas manifestaciones esta mañana en una entrevista concedida a RNE que recoge Europa Press-- ha recalcado que "sentarse en un banquillo no significa en absoluto ser culpable" sino que es "una consecuencia de la judicialización de la política que se ha producido". "Y una vez se inicia un proceso, éste tiene un principio y un fin y tenemos que esperar a que llegue", ha emplazado.