El pleno de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia decidió ayer asumir la investigación por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
El tribunal va a investigar a los principales dirigentes de la cúpula popular, pero ha excluido expresamente de las pesquisas al jefe del Consell, Francisco Camps, porque el fiscal no lo incluyó en el escrito en el que informaba a favor de la inhibición. En cuanto se firme el auto en el que se acepta parcialmente la inhibición pedida por el TSJ de Madrid, las partes se podrán pronunciar sobre si quieren que la causa se sume a la de los trajes. Francisco Camps sigue acusado por los trajes y está pendiente de la posible apertura de juicio oral.
El TSJ, en un auto de 62 páginas, ha acordado instruir la causa por un posible delito electoral, otro de falsedad documental en las elecciones de 2008, y por prevaricación y cohecho por la adjudicación a Orange Market de los contratos de Fitur de 2005 a 2009. El tribunal no se considera competente para investigar al exdirector de RTVV por cohecho y prevaricación por los contratos relacionados con la visita del Papa ni para instruir el posible delito fiscal cometido por Orange Market. Tampoco va a estudiar otras adjudicaciones irregulares a Orange Market al margen de las de Fitur.
El auto precisa que el delito electoral supuestamente consistió en los servicios prestados por Orange Market al Partido Popular de la Comunitat Valenciana durante las elecciones de 2007. Las presuntas actuaciones delictivas serían que "un porcentaje importante de la deuda" del PP habría sido abonado "de forma opaca" sin pagar impuestos y otra parte -al menos 342.000 euros- asumida por algunos empresarios.
El documento apunta que las alteraciones afectarían tanto a la deuda oficial -denominada Alicante- como a la oculta -llamada Barcelona-, ascendiendo esta última a 2.565.891 euros. Además, el auto recuerda que con respecto al delito de falsedad documental de las elecciones de 2008 -que también está relacionado con la financiación del partido- han aparecido diversas facturas a través de las cuales varios empresarios podrían haber realizado pagos que disminuyeron la deuda del PPCV con Orange Market.
La sala incide en que los autores directos del presunto delito de financiación son el administrador del PP nacional en la época que sucedieron los hechos, Luis Bárcenas, y la administradora del PPCV en las autonómicas de 2007, Cristina Ibáñez.
El auto puntualiza que los copartícipes aforados serían el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla; y los diputados autonómicos Ricardo Costa y David Serra. Además, como no aforados estarían implicados "los no identificados y denominados "El Príncipe" y "El Cantante""; los gestores de las empresas que hicieron pagos por servicios inexistentes (los empresarios que supuestamente financiaron al PP); y los responsables de Orange Market, Cándido Herrero, Álvaro Pérez (El Bigotes), Pablo Crespo, Francisco Correa y José Luis Izquierdo.
Respecto a los delitos de cohecho y prevaricación, la sala acepta la investigación de las adjudicaciones a Orange Market de las ferias de turismo de los años 2005 a 2009. El auto recuerda que la empresa de "El Bigotes" obtuvo las contratas a pesar de que carecía de experiencia y que era más cara.
El documento destaca los listados intervenidos con dádivas y regalos a nombres de altos cargos del Consell y del PP. Sin embargo, la sala rechaza investigar el resto de adjudicaciones bajo sospecha de otras consellerias con Orange Market al sostener que no se ha concretado la imputación de delitos a personas aforadas.
Rambla y Milagrosa Martínez
El auto puntualiza que por las adjudicaciones de Fitur va a investigar a Vicente Rambla porque su nombre ha aparecido en conversaciones telefónicas y a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez porque aparece como receptora de regalos. El escrito exime de responsabilidad a Camps porque el fiscal no lo incluyó en su escrito. También deja fuera a Ricardo Costa porque su implicación es la misma por la que está acusado formalmente en la causa de los trajes.
La sala rechaza abrir la causa contra el exdirector de RTVV Pedro García por las supuestas irregularidades en la contratación de equipos para la cobertura de la vista del Papa con empresas vinculadas a la trama de Correa porque no es una persona aforada. Los magistrados consideran que puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como ya ocurre con delitos relacionados con Castilla y León. La decisión, en el fondo, supone dejar fuera del asunto a dirigentes del PP.
