Un informe policial de la pieza separada del caso Brugal, relativo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, apunta a que el empresario Enrique Ortiz, uno de los principales investigados, podría haber tenido acceso al planeamiento durante su redacción, aunque la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, indica que el informe refleja que el constructor "no consigue lo que pretende", por lo que no hay información privilegiada.
El informe se basa en varias conversaciones y encuentros entre el empresario, el exalcalde Luis Díaz Alperi, la alcaldesa y el arquitecto redactor del plan, Jesús Quesada, entre otros, apunta a que el empresario alicantino pudo obtener información sobre el planeamiento urbano mientras se estaba redactando, incluso antes de que los propios técnicos municipales lo conocieran y posteriormente, en su exposición pública, presuntamente podría haber tenido influencia en las alegaciones y modificaciones a través del despacho Salvetti, donde trabaja el hermano de la alcaldesa.
La investigación policial comienza en mayo de 2008 cuando el juez que investiga el caso Brugal autoriza el pinchazo telefónico del móvil de Enrique Ortiz. Ahí arranca la investigación que recoge conversaciones presuntamente relativas a los intereses urbanísticos de Ortiz en la ciudad de Alicante, como el estadio Rico Pérez, APA 9, Lomas de Garbinet o Pino Ruaya, cuando aún gobernaba Luis Díaz Alperi y Castedo era edil de Urbanismo. De entre todas las conversaciones grabadas, el informe indica que el empresario podría haber recibido la información del nuevo planeamiento cuando aún estaba siendo redactado. "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas del Garbinet (proyectos incluidos en el desarrollo urbanístico de Vistahermosa, al norte de la ciudad de Alicante) y te hemos apañado también lo del Rico Pérez", entre otras conversaciones grabadas que desvelan la familiaridad entre el constructor y la alcaldesa.
En otra conversación entre Ortiz y Luis Díaz Alperi el exalcalde advierte al constructor que no cuente nada de sus contactos a su sucesora Castedo: "a Sonia, nada de nada (...) Sé más cosas, y sé que me..., vamos, Sonia me odia a muerte", le dice Alperi.
La Policía dice que hubo "pactos encubiertos" para beneficiar a Ortiz
El informe de la Policía Judicial sobre el PGOU incluido en el sumario del caso Brugal concluye que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su antecesor, Luis Díaz Alperi, y el empresario y exmáximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, alcanzaron varios "pactos encubiertos" para beneficiar los intereses del constructor con la reforma del estadio José Rico Pérez en el marco de la revisión del PGOU de la ciudad. De las múltiples conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz, los investigadores deducen que el empresario compró el estadio y los terrenos anexos en abril de 2007 a través de la empresa Aligestión a sabiendas de que ese suelo sería posteriormente recalificado en el nuevo PGOU y como fruto de un acuerdo alcanzado con Díaz Alperi.
