El exsecretario general de RTVV Vicente Sanz tenía las espaldas bien cubiertas económicamente desde el año 2000. El ahora procesado por abuso sexual a tres periodistas incluyó una cláusula en sus contratos de dirección desde entonces por la que se aseguraba una indemnización especial (45 días por año trabajado) si dejaba el cargo. Y además, según otro artículo, los efectos de esa medida los hacía valer desde 1995, cuando tras la victoria del PP en las elecciones autonómicas pasó a ocupar la jefatura de Recursos Humanos del ente público. Así lo firmaron los distintos directores generales: José Vicente Villaescusa (en 200o), Pedro García (en 2004 y 2007) y José López Jaraba (el 20 de octubre de 2009).
Solo que en esta última ocasión, el entorno legal ya había cambiado, porque una norma de la Generalitat prohíbe desde el 29 de diciembre de 2008 estos blindajes de contratos y restringe la indemnización a directivos a tres meses de sueldo, sea cual sea su antigüedad.
López Jaraba y Sanz conocían esa nueva situación, pero mantuvieron en el contrato de 2009 que al exnúmero dos de RTVV se le reconocía «expresamente» y «a los efectos indemnizatorios estipulados» una antigüedad en puesto directivo desde 1995.
Las dos partes eran conocedoras de la nueva norma de 2008 porque se refieren a ella en el propio contrato de 2009 (en la cláusula sexta, en concreto).
Es lo que dice la titular del juzgado de lo Social número 17 de Valencia que valoró la reclamación de indemnización de Vicente Sanz tras su salida de la cúpula de RTVV y que aprobó que esta debía ser de 36.512 euros y no de 140.303 euros, como pedía este.
La juez aclara en la sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, que tanto una parte como otra «eran perfectamente conocedoras» de las restricciones sobre indemnizaciones, por lo que «el pacto» que sellaron en octubre de 2009 «se considera contrario a la ley y, por tanto, nulo».
La magistrada no deja lugar a dudas y es clara en su resolución: «Las partes —insiste— eran conscientes de la vigencia de un precepto legal, vinculante para el ente público, que se financia con dinero público, que establecía una norma especial en cuanto a las indemnizaciones por cese a personas que desempeñaran altos cargos del Consell y de la administración de la Generalitat».
Por ello, la juez sólo concede que se le paguen a Sanz tres meses de sueldo como indemnización (un total de 18.256 euros). La cantidad restante (hasta los 36.512euros aprobados) es por falta de preaviso del cese, algo «que podría haberse evitado esperando al resultado del expediente disciplinario». Pero este es un enigma para la magistrada, que dice desconocer su contenido, pues RTVV no lo ha aportado en el proceso.
Así, pese al anuncio del expediente, la sentencia —recurrida por RTVV— constata que «no nos hallamos ante un despido disciplinario», porque no existe carta de despido con la forma exigida.
Johnson sólo dará explicaciones al juez
La portavoz del Consell y exdirectora de TVV, Lola Johnson, declaró ayer que «desde el primer momento» estuvo a disposición de la Justicia en el caso de los supuestos abusos sexuales de Vicente Sanz a tres trabajadoras de RTVV y que es en sede judicial y no «en ninguna otra» donde debe dar explicaciones. A preguntas de la prensa tras el pleno del Consell, añadió que la actuación de López Jaraba en este caso fue «impecable desde el primer momento». «Se dieron todas las explicaciones de manera ejemplar» en las Corts, aseguró. Sobre la propuesta de reprobación a Sanz en las Corts, apuntó: «Es un extrabajador de RTVV». La portavoz de Igualdad del PSPV, Loli Huesca, lamentó la «falta de sensibilidad» de Johnson. «A disposición de la Justicia se está por ley y a disposición de las víctimas de abusos sexuales, por decencia, y parece que Johnson no lo ha hecho. Ni siquiera las ha llamado».
