El juez Flors minimiza en el auto el informe de Hacienda que apuntaba que no había pruebas concluyentes para determinar quién pagó los trajes por el caos contable de la tienda Forever Young. Los peritos de la Agencia Tributaria y el censor de cuentas propuesto por la defensa de Camps advirtieron el martes en la vistilla previa a la apertura de juicio de que no había pruebas concluyentes. Por contra, un informático de la empresa Forever apuntaló la acusación contra el jefe del Consell al asegurar que le obligaron a manipular la contabilidad para que no apareciera su nombre. Flors considera determinante la declaración del informático.

El juez cree que la "circunstancia de que los peritos contables hayan encontrado dificultades para establecer en términos de exactitud matemática una conclusión que fuera inequívoca para ellos -de que la trama pagó los trajes- no es excluyente" de la importancia de los otros indicios incriminatorios.

José Flors precisa que "muchos de los documentos intervenidos no responden al modelo de una contabilidad comercial llevada con rigor sino que constituyen un rudimentario sistema de control personal". El magistrado del TSJ incide en que el sastre José Tomás y los responsables de la trama Gürtel idearon un sistema de contabilidad alternativo para que no se evidenciara cómo se pagaban las prendas a los dirigentes políticos.

Además del caos contable, el juez recuerda los problemas que ha tenido durante la instrucción por las reticencias de los propietarios de las tiendas Milano y Forever Young a entregar las pruebas de venta.

Delito de cohecho impropio

El magistrado señala que la conducta de los cuatro acusados podría ser constitutiva de un delito de cohecho impropio porque supuestamente recibieron los regalos en función de su cargo. El magistrado indica -como ya hizo en el auto de julio de 2009 cuando ya estuvo a punto de abrir juicio oral- que Camps, Costa y Campos tenían condición de autoridad cuando ocurrieron los hechos y Betoret de funcionario.

Además, destaca que recibieron las dádivas por su cargo. "No consta ninguna causa o razón diferente de la atinente a la condición personal de los receptores de las prendas que permita explicar por qué motivo las sociedades del grupo controlado por Francisco Correa tuvieran que obsequiarles de aquel modo", recoge el auto.

El magistrado José Flors destaca en el auto de apertura de juicio oral que los imputados supuestamente no recibieron un único regalo sino que fueron varios y entregados por alguien que estaba interesado en la adjudicación de contratos.

"No es necesario razonar mucho para entender que el hecho de poder contar con la complacencia y el favor de nada menos que el presidente y del vicepresidente de una comunidad autónoma, a quienes se agasaja, puede ser una influencia determinante en el ámbito de quines hacen los obsequios (...). Basta sólo con que se conozca la estima que se les dispensa para que pudieran verse favorecidos sus intereses económicos", concluye el juez.

Regalos: da igual líder del PP o jefe del Consell

Cuando el Tribunal Supremo ordenó reabrir el caso dejó abierta la posibilidad de que los regalos a Ricardo Costa fueran en atención a su cargo en el Partido Popular y no por su condición de diputado. El abogado defensor de Camps -como ya ha hecho en otras ocasiones- apuntó en la vistilla del martes que en el "hipotético" supuesto de que el jefe del Consell hubiera recibido regalos serían por su cargo en el partido. La diferencia es importante porque en ese caso no hay delito. Sin embargo, José Flors mantiene la imputación a Costa porque "cuando una misma persona ejerce simultáneamente dos funciones de relevancia pública -una dentro de un partido y otra en una institución que le atribuye la condición de autoridad-" no cabe pensar que los regalos "puedan influir únicamente en una faceta de su vida". El magistrado subraya que "este razonamiento es también aplicable a Francisco Camps y ha de servir de respuesta a las alegaciones efectuadas en tal sentido por su defensa en el acto de la audiencia preliminar". El juez también descarta que los hechos hayan prescrito como sostuvo el abogado del exvicepresidente del Consell Víctor Campos.