El juez José Flors decretó ayer la apertura de juicio oral contra el jefe del Consell, Francisco Camps, y otros tres acusados en la causa de los trajes por aceptar regalos de la trama Gürtel. El magistrado advierte en el auto de que hay trece indicios que acreditarían que los cuatro acusados cometieron un delito de cohecho por recibir dádivas en función de su cargo. La vista oral será con tota probabilidad en otoño en el Palacio de Justicia de Valencia con un jurado popular presidido por el juez Juan Climent. El TSJ no tiene claro cuándo se va a celebrar la vista porque es la primera vez que se juzga a un presidente de la Generalitat Valenciana.
La Fiscalía pide que Camps sea condenado a pagar 41.250 euros de multa por aceptar prendas valoradas en 14.021 euros. El fiscal solicita la misma multa para el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, y para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, y reclama 35.000 euros para el exvicepresidente del Consell Víctor Campos. El juez Flors ha ordenado que Camps, Costa y Betoret depositen sendas fianzas de 55.000 euros y que Víctor Campos haga frente a una de 46.666 euros. El objetivo de las fianzas es que hagan frente a las multas en caso de condena.
El magistrado recuerda en el auto que Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, se dedicaba a la organización de actos del Partido Popular y que desde 2005 obtuvo diferentes contratos de la Generalitat. Orange Market, de cuya gestión se dedicaba en Valencia Álvaro Pérez "El Bigotes", logró las adjudicaciones de los stands de la feria de turismo Fitur hasta que la policía desarticuló la red. Flors insiste en que la trama presuntamente se hizo cargo del coste de los trajes que recibieron los cuatro acusados.
El auto destaca que el objetivo del grupo que controlaba Francisco Correa era "ganarse el afecto o el favor de las personas así obsequiadas". El juez incide en que Camps y los otros tres acusados aceptaron las prendas "a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe".
El magistrado explica en los fundamentos de derecho que ha decidido abrir juicio oral contra los cuatro acusados porque hay trece indicios de que pudieron cometer el delito de cohecho impropio, que consiste en recibir regalos en función del cargo sin que haga falta acreditar que existan contraprestaciones.
El juez considera clave la declaración del sastre de Camps, José Tomás, que "intervino personalmente en los hechos". Tomás ha mantenido desde el primer día que Camps no se pagó los trajes.
El auto detalla que hay un gran número de pruebas documentales que acreditarían que la red de Correa se hizo cargo de los pagos. El magistrado cita los tiques de caja de la tienda Milano, los inventarios semestrales con los nombres de los acusados, las hojas de encargo de la sastrería, recibos con el concepto "Camps", los medios de pago que han dejado rastro al ser transferencias y la documentación intervenida en la sede central del entramado de empresas de Antonio Correa.
El magistrado también ha tenido en cuenta como indicios incriminatorios la declaración de la cajera que anotó los nombres de los acusados en las cuentas pendientes de pago y el conocimiento "más o menos extendido" acerca de que las prendas de los políticos valencianos supuestamente eran abonadas por Orange Market -"como se desprende del contenido de varios correos informáticos"-. Flors añade como indicio la "cadena de conversaciones telefónicas mantenidas entre José Tomás, Pablo Crespo, Manuel Delgado, Álvaro Pérez y Ricardo Costa" después de que el sastre prestara declaración ante la Fiscalía para frenar la investigación.
El auto sostiene que "la existencia de todos estos elementos indiciarios, derivados del contenido de las diligencias de investigación practicadas, no permite calificar de irrazonables ni carentes de fundamento los escritos de conclusiones provisionales presentados por las partes acusadoras, pues cuanto en ellos se afirma encuentra su apoyo en una base fáctica plural, de contenido incriminatorio y legítimamente aportada a la causa". El auto es firme. Las partes tienen 15 días para acudir al TSJ para ir preparando la vista.
