La dimisión presentada ayer por el titular de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, eleva a seis el número de presidentes autonómicos que dimitieron durante su mandato al estar involucrados en procesos judiciales o administrativos.
Estos son los precedentes:
Demetrio Madrid (PSOE)
Presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y el 29 de octubre de 1986, presentó su dimisión al ser imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario. En 1990, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le absolvió. Esta sentencia fue confirmada por el Supremo en 1993.
Javier Otano (PSOE)
Presidente de Navarra desde mayo de 1985, dimitió en julio del año siguiente tras ser imputado por un supuesto cohecho en la trama navarra del «caso Roldán». En 2004, la Audiencia Provincial de Navarra le absolvió por la prescripción de los hechos.
Carlos Collado (PSOE)
Presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió tras un informe del Tribunal de Cuentas que había detectado «anomalías contables» en relación con la compra por su gobierno de la finca «Casa Grande». Con posterioridad, este tribunal le exculpó de cualquier anomalía contable en esta operación.
Gabriel Cañellas (PP)
Presidente de Baleares desde 1983, dimitió en julio de 1995, a los pocos días de jurar su cuarto mandato consecutivo, por los casos «Calvia», en el que fue imputado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones en la concesión de infraestructura pública, y del «Túnel de Sóller», sobre un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación de obras. En 1997 fue absuelto de ambos delitos.
José Marco (PSOE)
Presidente de Aragón entre octubre de 1993 y enero de 1995, dimitió de su cargo por estar procesado en el denominado «caso del Sillón». La Audiencia Provincial le condenó en junio de 1995 a 13 meses de cárcel y 6 de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público.
