¿Es rentable invertir en educación universitaria?

En un buen número de países, entre ellos España, desde hace algún tiempo viene teniendo lugar un debate acerca de las fórmulas más adecuadas para la financiación de la enseñanza universitaria. La cuestión es de enorme relevancia económica y social, dadas sus implicaciones en términos de crecimiento económico, de justicia social y de distribución del bienestar. Antes de adentrarse en las distintas opciones, puede ser conveniente abordar la decisión de acceder a la educación universitaria como si se tratara de una inversión, es decir, considerando los costes y los beneficios que ésta lleva asociados, tanto para el estudiante como para el sector público.

Por supuesto, las motivaciones para emprender estudios superiores pueden ser muy diversas y no necesariamente estar conectadas con objetivos utilitaristas. El propio deseo de acumulación de saber o un fuerte componente vocacional pueden estar detrás de la decisión, pero eso no impide su análisis desde una perspectiva económica, que trata de sopesar las ventajas y los inconvenientes, proyectados en el conjunto de la vida, que van ligados a cursar una carrera. Para otras personas, son los beneficios monetarios derivados de completar una licenciatura los que sirven de motivación para posponer el consumo de hoy (e implicarse en un gran esfuerzo intelectual) a cambio de recompensas futuras. En el tipo de sociedad en el que vivimos, los incentivos económicos tienen una gran importancia en la explicación de los flujos de personas en relación con el sistema educativo.

En este contexto, en los últimos años la OCDE viene proporcionando una valiosa información que permite comparar las situaciones existentes en la treintena de países integrantes de dicha organización. La persona que decide prolongar sus estudios en la etapa universitaria incurre en una serie de costes explícitos o implícitos (gastos directos e ingresos salariales no obtenidos, básicamente) y, como contrapartida, percibe unas mayores retribuciones a lo largo de su vida activa (y, normalmente, también después); a su vez, el sector público asume unos gastos para el funcionamiento del sistema universitario y obtiene un conjunto de beneficios en la forma de mayor recaudación impositiva y de menores transferencias sociales.

En uno y otro caso, los costes y los beneficios están localizados en distintos momentos, por lo que constituyen magnitudes heterogéneas desde el punto de vista financiero. Para poder compararlas adecuadamente es preciso equipararlas, expresándolas en cantidades correspondientes a un mismo período, normalmente el del inicio de la inversión. Para poder llevar a cabo esa equiparación necesitamos un tipo de interés o de descuento, que la OCDE establece en un 3% anual, lo que nos permite obtener el valor actual neto que se conseguiría si se materializa la inversión considerada.

Un estudio de dicha institución con datos correspondientes a mediados de la primera década del presente siglo pone de manifiesto que la realización de estudios universitarios en España genera un valor presente neto privado de casi 100.000 dólares estadounidenses (medidos en paridades de poder de compra) en el caso de las mujeres, y algo más de 83.000 en el de los hombres. La primera cifra supera en un 8% la media de los países de la OCDE, mientras que, por el contrario, la segunda es inferior en más de un 40%. España es uno de los pocos países donde el rendimiento de la inversión en educación terciaria de las mujeres es mayor que el de los hombres. La diferencia o prima salarial ligada a la educación es, de manera generalizada, el principal factor explicativo de los rendimientos estimados.

Por otro lado, también se obtiene un valor neto público positivo, en torno a los 25.000 dólares para ambos sexos en España, claramente por debajo de las medias de los países de referencia (un total de 52.000 y 86.000 para mujeres y hombres, respectivamente).

La educación universitaria, a la luz de la experiencia internacional, acredita ser una ventajosa alternativa de inversión capaz de generar un valor neto privado que, en promedio, casi duplica el valor neto público. La proporción del primero respecto al segundo llega a más que triplicarse en nuestro país.

No obstante las matizaciones, la educación universitaria en España posibilita alcanzar unas considerables tasas de rentabilidad, del orden del 10% desde el punto de vista privado y del 6% desde el público. Aun estando globalmente por debajo de la media de los países desarrollados (por encima, sin embargo, de Suecia y Noruega), la formación universitaria es una opción rentable para los estudiantes y, aunque en menor medida, también para las arcas públicas. Además, la metodología aplicada no incluye algunos significativos beneficios sociales derivados de una mayor formación de la población, los cuales no son captados por los salarios de mercado.

A tenor de las cuantificaciones disponibles, y sin perjuicio de tratar de indagar las causas de algunos resultados un tanto llamativos que se dan en el caso español, invertir en educación superior permite cosechar unas sustanciales ganancias tanto privadas como públicas. Ganancias que pueden estar más o menos cercanas a la renta fija o a la variable, pero siempre con una sólida calificación de solvencia amparada en los hechos.