La revolución en la línea editorial de los informativos de Canal 9 para darles "pluralidad", según compromiso público del presidente Alberto Fabra, pertenece, a día de hoy, al ámbito de la fe. Los planes de aplicar una urgente y drástica terapia de choque al ente y sus sociedades para intervenir sobre su crítica situación económica -RTVV, en situación de quiebra técnica, acumula 1.241 millones de deuda- figura ya en los papeles, en la agenda de tareas inmediatas. El director general del ente público, José López Jaraba, está ultimando, de acuerdo con el presidente de la Generalitat, un plan de reestructuración del grupo público audiovisual que incluye el despido de un millar de los 1.800 empleados que actualmente prestan sus servicios en RTVV, Canal 9 y Ràdio 9.

El ERE, que reducirá la plantilla de la televisión y la radio públicas a menos de la mitad, es una de las iniciativas insoslayables en el plan de viabilidad elaborado por la consultora Price Waterhouse por encargo del director general. La inmensa mayoría de los empleados del ente y sus sociedades es personal laboral -son contados los funcionarios-, por lo que percibirán los preceptivos 45 días por año por despido improcedente. El ERE previsto no tiene fecha puesta pero se ejecutará antes de finalizar el año, según fuentes de la Generalitat. El jefe del Consell ha anunciado de forma reiterada, desde el propio discurso de investidura hasta en diversas entrevistas en los medios, que se impone adelgazar RTVV.

La raquítica situación de las cuentas generales de la Administración autonómica harán necesario un plan de austeridad que fue anunciado en la primera reunión del nuevo Gobierno autonómico y que impone recortes en Educación, sanidad, reducción de liberados sindicales o la amortización de 704 puestos de funcionarios para ahorrar 680 millones de euros.

Una cantidad que es prácticamente la mitad de la deuda acumulada por RTVV, que asciende a 1.241 millones. El desajuste entre gastos e ingresos es crónico. La radiografía de Canal 9 revela una economía terminal fruto del aumento de los costes de personal (la plantilla del año 1995 la configuraban 800 empleados), la compra de derechos del fútbol o de producción ajena y la caída de ingresos al compás de la pérdida de publicidad, por el hundimiento de las audiencias y la saturación del mercado audiovisual.

En estas circunstancias, el patrimonio neto negativo de RTVV, la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad, alcanzó en 2009 los 1.139 millones, según la Sindicatura de Comptes. El propio síndic, Rafael Vicente Queralt, alertó sobre la necesidad de adoptar "medidas excepcionales" para "paralizar el proceso de deterioro ante los continuos desequilibrios patrimoniales".

Adiós al ente público

El informe de Price Waterhouse, que ha costado 180.000 euros al ente público, también concluye la necesidad de hacer cambios legales para reorganizar el grupo. El Consell tiene previsto en este sentido aprobar una nueva norma reguladora, que sustituirá a la Ley 7/1984 de Creación de RTVV, cuyo principal objetivo será convertir al ente en una corporación pública al estilo de RTVE.

El nuevo estatus legal tendrá como consecuencia inmediata la liquidación de la actual Radiotelevisió Valenciana y la asunción de su deuda por parte de la Generalitat como socio único que es. El cambio normativo puede acometerse por dos vías: la tramitación ordinaria en forma de proyecto de ley o la opción más rápida, como ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat. La segunda fórmula tiene visos de ser la elegida. En tiempo de vacas flacas amenazadas de muerte por inanición cada hoja que se cae del calendario es letal. Eso piensan Fabra y Jaraba.