La Sindicatura de Comptes ha intensificado las fiscalizaciones específicas a los municipios, y especialmente a aquellos que no cumplen con su obligación de rendir cuentas, para lo que ha realizado un total de 182 auditorías a distintas localidades.

Sin embargo, el número de entidades locales que se resisten a ser fiscalizadas es todavía muy elevado, según datos de la propia entidad. Al menos 55 entidades, de las que 32 son municipios, 10 consorcios, 12 mancomunidades y una entidad menor, no han remitido todavía la cuenta general de 2009 pese a los requerimientos de la Sindicatura.

Entre los ayuntamientos que no han remitido sus cuentas se encuentran los de Sueca, Torrent y Xirivella por citar aquellos con mayor número de habitantes.

"No remitir las cuentas supone un grave incumplimiento por parte de los administradores públicos de su obligación legal", explicó el Síndic de Comptes, Rafael Vicente.

Además, la Sindicatura sigue reclamando las cuentas de ejercicios anteriores a las entidades locales. Todavía existen 23 entidades locales, 13 de ellas ayuntamientos, que no han remitido sus balances de 2008 y 15 municipios más no colaboran con el Síndic desde 2002.

Según un comunicado e la Sindicatura, este organismo, que actualmente está fiscalizando el control interno de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y de las diputaciones provinciales, une las auditorías específicas al Informe Anual de la Cuenta General del conjunto de Entidades Locales.

Asimismo, el órgano de control externo ha apostado por una mayor claridad en el sector público local, realizando informes para delimitar las entidades que deben considerarse como integrantes del sector público, y, por tanto, someterse a los controles correspondientes a pesar de no estar contempladas en las vigentes instrucciones de contabilidad.

Una situación de vacio legal en la que, según han explicado, se encuentran actualmente más de 80 entidades que, por tanto, "carecen del control adecuado".

Este año la Sindicatura también ha analizado la situación de los perfiles de contratante e instrucciones de contratación en los municipios de más de 50.000 habitantes y en las diputaciones provinciales, con el fin de contribuir a una mejora de la gestión de los fondos públicos.